SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Salud, Marina Álvarez, ha insistido este jueves en que el Gobierno andaluz consiguió su "objetivo" de que cesara la campaña publicitaria "engañosa" por parte de la empresa Pascual sobre reducción de lista de espera quirúrgica en el sistema sanitario público andaluz y que de no haber sido así se podría haber enfrentado a una sanción grave de entre 400.000 y 600.000 euros. Si bien, IULV-CA ha considerado necesario que dicho comportamiento no quede impune sino que conlleve una sanción.
En concreto, la diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha destacado, durante una pregunta oral en el Pleno del Parlamento, que la actitud de esta empresa, que no cesó dicha campaña hasta recibir dos requerimientos por parte de la Junta, que también acudió a los tribunales, debería conllevar algún tipo de sanción o multa "importante".
"La campaña fue una verdadera osadía por parte de una empresa que es osada por naturaleza porque la contraparte se lo permite", ha destacado Nieto, quien ha advertido de que Pascual es la empresa que más dinero público de la Junta recibe por contrato al año, "unos 380 millones".
Tras apuntar también que se trata de una empresa "que se beneficia de todos los retrasos que acumula el SAS", la parlamentaria de IULV-CA se ha preguntado "qué sabe esta empresa o qué hay detrás de una relación de ventaja con relación al sistema sanitario".
Por su parte, la consejera ha defendido que su departamento ha procedido en todo momento "conforme a lo que establece la normativa" y ha relatado cronológicamente todas las actuaciones que Salud llevó a cabo en relación a la citada campaña.
"De no haber cesado la campaña, se habría abierto un expediente sancionador que podría haber conllevado una sanción muy grave, pero la administración consiguió el objetivo que pretendía, el cese de la campaña", ha zanjado Álvarez.
