JAÉN, 16 May. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía ha sumado el apoyo de la Diputación de Jaén a las acciones coordinadas y preventivas frente al problema de los desahucios, recogidas en el convenio suscrito entre el Gobierno andaluz, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha dado a conocer al presidente de la corporación provincial, Francisco Reyes, dicho documento, centrado en la detección de posibles casos de familias vulnerables afectadas por los procedimientos de lanzamiento de vivienda y en la activación posterior de medidas y recursos de carácter social que eviten el desahucio o minimicen sus consecuencias.
A la reunión estaba previsto que asistiera también el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, pero finalmente no ha acudido por un imprevisto de última hora.
Tras el encuentro, López ha trasladado el contenido del convenio a alcaldes y alcaldesas de la provincia de Jaén, a quienes ha puesto de manifiesto la "necesidad de reforzar la colaboración con las corporaciones locales para desarrollar un trabajo convergente orientado a garantizar una vivienda a las familias andaluzas".
El consejero ha subrayado que las medidas recogidas en el nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación "se han diseñado precisamente hacia ese objetivo".
En este sentido, ha recordado que el trabajo del Gobierno andaluz es orientar los recursos y servicios de todas las administraciones para "un objetivo común" como es el de "evitar que cualquier persona pueda quedarse sin su vivienda", al tiempo que "ponemos encima de la mesa las herramientas necesarias para incrementar la calidad de vida de aquellas familias que más lo necesitan y que sus recursos limitados les impiden afrontar las mejoras".
Es el caso, ha explicado, de los 63,7 millones de euros que la Consejería de Fomento y Vivienda ha comenzado a licitar para la ejecución de obras en zonas comunes del parque público de viviendas, lo que vendrá a incrementar la calidad de vida de 6.626 familias residentes en una veintena de municipios de las ocho provincias andaluzas.
También se ha referido a actuaciones para la mejora de la accesibilidad en los edificios de vivienda, donde ha hecho mención a la instalación de ascensores y ha considerado necesaria la participación de los ayuntamientos para propiciar estas actuaciones.
Entre medidas puestas en marcha por el Gobierno andaluz ha recordado la futura Ley de retracto de la vivienda, las oficinas del Programa de Defensa de la Vivienda y las diferentes líneas de ayudas a afectados por desahucios o con escasos recursos.
El consejero ha subrayado que "los recursos públicos son limitados y debemos dirigirlos de la forma más eficaz hacia donde resulten más beneficiosos", por lo que las administraciones "tenemos la obligación de buscar las sinergias necesarias y de concentrar todos los esfuerzos hacia los colectivos de población que se encuentran en una situación vulnerable y que tienen mayores dificultades".
López ha recordado que en marzo, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, suscribieron un convenio de colaboración sobre ejecuciones hipotecarias y desahucios.
Dicho acuerdo permite que los servicios sociales autonómicos y municipales tengan acceso rápido a información sobre la ciudadanía más vulnerable frente a ejecuciones hipotecarias o desahucios y puedan buscar una solución al respecto. Así, cuando el juez detecte situaciones de riesgo, lo comunicará a los servicios sociales, pudiendo incluso suspender el lanzamiento, de conformidad con las leyes procesales.
El convenio contempla un protocolo de actuación que, en situaciones de ejecución hipotecaria, se inicia con la información sobre el Código de Buenas Prácticas Bancarias para que los afectados puedan dirigirse a la entidad acreedora y proponerle las medidas que considere oportunas o formular alegaciones al respecto. En los desahucios la primera medida es facilitar el acceso a los programas de servicios sociales.
Se adoptarán, además, medidas para la pronta detección por el órgano judicial de una situación de vulnerabilidad y dar traslado a la Consejería de Fomento y Vivienda para su inclusión en el Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda, así como a los servicios sociales locales.
Por su parte, Francisco Reyes, ha apuntado que la reunión de este lunes viene a dar respuesta a "un tema tan importante para todos los municipios como es la vivienda, que es un asunto fundamental para la ciudadanía y que desgraciadamente ha sido protagonista de esa crisis tan dura que seguimos viviendo, ya que aún se están produciendo casos de desahucios", ha señalado Reyes.
Con el objetivo de prestar ayuda a la población ante esta situación, el presidente de la Diputación ha recordado que la Administración Provincial puso en marcha en colaboración con el Colegio Oficial de Abogados de Jaén la Oficina de Intermediación Hipotecaria cuyas gestiones han permitido que más de 600 familias permanezcan en sus vivienda, a través de la paralización de desahucios, la reestructuración de deudas con las entidades bancarias, la reducción de la cuota de la hipoteca, la negociación de un acuerdo de refinanciación o la eliminación de las cláusulas suelo.
Las solicitudes de intermediación y la recopilación de datos e información para la realización de las gestiones de la Oficina de Intermediación Hipotecaria se canalizan a través de los ayuntamientos, "que son los primeros que atienden a quienes sufren esta dificultad y a sus familias".
En concreto, desde su puesta en funcionamiento se han recibido en esta oficina 787 solicitudes procedentes de 69 municipios de la provincia.
