Junta evita "polemizar" con Amama sobre datos del cribado y alude a la obligación de "colaborar" por ley

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CÓRDOBA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha manifestado este viernes que no va a "polemizar" con la asociación Amama --que ha rechazado enviar a la consejería, por protección de datos, la información de la que dice disponer sobre mujeres afectadas por los fallos en el cribado del cáncer de mama tras un requerimiento de la administración--, pero le ha recordado que la Ley de Salud Pública recoge la obligación de los ciudadanos de "poner en conocimiento de las autoridades sanitarias cualquier evento o situación que pueda constituir una emergencia de salud pública".

"Quien habla de 4.000 personas sobre las que la administración no tiene conocimiento, para mí es una emergencia de salud pública, no sé para los demás, si existiera, claro", ha manifestado Sanz, en declaraciones a los medios de comunicación en Córdoba.

Sanz se ha pronunciado así después de que este viernes se haya conocido que Amama ha remitido una respuesta formal al Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, sobre el requerimiento con el que la administración sanitaria andaluza reclamó a la entidad los datos que obran en su poder de mujeres afectadas por los fallos en el cribado del cáncer de mama. La Junta quería con esta medida poner fin al baile de cifras, ya que Amama sostiene que ellos cuentan con 4.000 casos y la Consejería ha acotado el problema a 2.317 pacientes.

"Lo que nosotros hemos solicitado es que si esta asociación tiene información, según dice, de personas que no están siendo tratadas por el sistema público de salud, yo la pregunta que hago es quién no va a querer que podamos atender a estas mujeres", ha planteado Antonio Sanz, quien ha apuntado que es "difícil de entender" que Amama diga que tiene unos datos que no tiene el SAS.

Ha querido dejar claro que los datos que se han pedido a Amama no son para las administración, sino "para los profesionales sanitarios, que tienen una responsabilidad y una obligación y si esta entidad tiene datos que dice que tiene, pero que no da, pues le tengo que decir que me preocupa la alarma social que genera diciendo que pueden existir miles" de mujeres que no están siendo atendidas.

"Alguien puede entender que no se den esos datos si se piden para poder atender a esas mujeres: Es que es una obligación de salud pública y es un derecho a la asistencia sanitaria que tienen estas mujeres, si existen en los datos que dice la entidad, y tenemos una obligación de no generar una alarma social que es muy preocupante en la sociedad", ha añadido el consejero.

"No voy a polemizar, desde luego en ningún caso, porque para mí lo importante es poder prestar esa asistencia sanitaria a las mujeres si realmente existen", ha recalcado Antonio Sanz, quien ha indicado que en las reuniones que se han mantenido con Amama no se ha recibido ningún dato.

Sobre el hecho de que Amama se acoja a la protección de datos para no dar la información sobre las mujeres de la que dice disponer, Sanz ha explicado la Junta es la que tiene los datos, pero lo que quiere conocer son "los casos" de mujeres que la entidad dice que han sufrido el fallo en el cribado de cáncer de mama.

Antonio Sanz ha tomado como base dos leyes para responder a la negativa de Amama de facilitar la información que le ha sido requeria. Ha expuesto que la Ley de procedimiento administrativo, en su artículo 18, "impone el deber de colaboración de los ciudadanos con la administración". "Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él, por ejemplo, cribados de cáncer, tienen el deber de proporcionárselos a la administración actuante", según ha indicado Sanz en virtud de lo recogido en esa ley.

Ha añadido que el artículo 18 de la Ley de Salud Pública dice "que la población está obligada a utilizar adecuadamente la información recibida de las autoridades competentes relativas a la salud pública, respondiendo en su caso por los daños y perjuicios que se ocasionen por su indebida utilización".

También "obliga a la población a no causar voluntariamente o por negligencia grave un peligro para la salud de otras personas", según ha expuesto Sanz, quien ha preguntado que "si se nos niegan los datos, ¿cómo vamos a atender a las personas?".

Ha continuado exponiendo que la citada ley también "obliga a los ciudadanos a poner en conocimiento de las autoridades sanitarias cualquier evento o situación que pueda constituir una emergencia de salud pública", así como a "cooperar con las autoridades sanitarias en la protección de la salud, la prevención de las enfermedades y las estrategias de promoción de la salud y la calidad de vida".

"Yo contesto con estos artículos de la ley para que, sin entrar en polémica, cada uno sepa lo que tiene que hacer y por supuesto se genere una garantía de funcionamiento del sistema sanitario público y se evite una alarma social que no es procedente en estos momentos", ha querido dejar claro Sanz.

Ha señalado que la Junta, que ha puesto en marcha una comisión de seguimiento de los cribados de cáncer de mama, tiene los datos de las mujeres, 2.317 mujeres y el compromiso de que antes del 30 de noviembre, todas hayan sido sometidas a la prueba que les corresponda.

Pero el "problema es", según ha añadido, que una entidad dice que son "4.000, que nadie sabe dónde están": "Nosotros tenemos la obligación de decir que si existen, queremos atenderlas y ofrecerles la asistencia sanitaria". Ha señalado que es "imposible" que Amama tenga unos datos de los que no dispone la administración.

A la pregunta de si la Junta se plantea "acciones legales" ante la negativa de Amama a responder a su requerimiento, Sanz se ha limitado a recordar al abogado de Amama, que es el que ha respondido al requerimiento de la Junta, lo que dicen las leyes de procedimiento administrativo y de Salud Pública.