El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en una reunión con el Observatorio de Agresiones contra los sanitarios - JUNTA DE ANDALUCÍA
SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha adelantado este lunes, 9 de octubre, que el Decreto ley que endurecerá las sanciones por agresiones contra sanitarios se tramitará antes de que finalice el presente año 2026.
Ello, durante una reunión que ha mantenido durante la jornada con los miembros del Observatorio de Agresiones contra los profesionales sanitarios, en la que ha especificado que el inicio de la tramitación de esta norma legislativa será de carácter inminente.
Además, será la primera iniciativa parlamentaria que se tramita desde la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, tal y como han indicado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz.
Durante el encuentro, el vicepresidente primero ha presentado las líneas generales del texto del Decreto ley, cuyo objetivo es "garantizar una respuesta rápida, eficaz y de efecto disuasorio ante estas agresiones".
"La protección de los profesionales sanitarios es una prioridad absoluta. Por eso, es urgente y necesario contar ya con un marco normativo que proteja a los sanitarios en el ejercicio de su profesión", ha insistido el consejero.
Según datos del Ejecutivo andaluz, durante 2025 se registraron 1.976 agresiones a profesionales sanitarios, de las que el 80 por ciento fueron verbales.
En este contexto, este Decreto ley recoge un régimen sancionador específico orientado a la protección de los profesionales contemplando la agresión verbal, amenazas, coacciones, agresión física y agresiones a través de medios digitales o redes sociales.
Estas sanciones se regularán en función de su severidad, leves o graves, y podrán alcanzar cuantías económicas de hasta 60.000 euros.
Además, contemplan medidas complementarias como la restricción o condicionamiento del acceso a centros sanitarios, el cambio de centro o profesional asignado al agresor o la coordinación con las medidas judiciales que pudieran adoptarse.
