Justo Mañas: La falta de fiscalización previa y de requisitos para ayudas de los ERE facilitó los intrusos

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Justo Mañas, viceconsejero de Empleo desde "la Semana Santa de 2010 hasta la Semana Santa 2012", ha señalado este lunes en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que la falta de fiscalización previa de estas ayudas y de requisitos para acceder a las mismas facilitó la presencia de intrusos en las pólizas de rentas para pagar a los prejubilados.

Mañas, que fue excluido por la Audiencia de Sevilla de esta pieza separada de los ERE, ha explicado este lunes que la Orden de 1 de abril de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas sociolaborales destinadas a trabajadores afectados por expedientes de reestructuración de empresas en Andalucía, surgió como consecuencia de la revisión de expedientes de ayudas llevado a cabo en la Consejería de Empleo, siendo su titular Manuel Recio.

En este sentido, ha recordado que durante un fin de semana de noviembre 2010, tras salir en prensa la presencia de intrusos en el ERE de Mercasevilla, Recio ordenó revisar en la Dirección General de Trabajo expedientes de ayudas para "ver cómo podíamos abordar la bomba que nos había estallado y qué había detrás de la información que había aparecido en prensa". Tras esto se pusieron en marcha comisiones de información reservada que empezaron analizando el expediente administrativo de las ayudas sociolaborales en Mercasevilla y después otros expedientes sociolaborales.

"Como consecuencia de la revisión era aconsejable mejorar el sistema de concesión de ayudas", ha afirmado Mañas en referencia a la Orden de 1 de abril. "Recio me dijo que había que poner en pie un mecanismo más reglado, una orden que se ajustase más a la Ley de Subvenciones, con fiscalización previa de las ayudas y con requisitos para beneficiarios", ha expresado.

Ha añadido que había que "mejorar el procedimiento anterior, incorporando requisitos para beneficiarios, la fiscalización específica, así como requisitos de solicitud y datos del solicitante", elementos que, a su juicio, "facilitaron" la aparición de intrusos en los expedientes.

"Tratamos de mejorar el sistema y lo conseguimos", ha resaltado, precisando que las ayudas con el sistema anterior tenían una fiscalización "global" sobre las transferencias de financiación, que era la que "requería la Ley de Presupuestos".

"SE MEJORÓ SUSTANCIALMENTE" EL SISTEMA DE AYUDAS

Mañas ha insistido en que se "mejoró sustancialmente" con la Orden de 1 de abril pasando a una fiscalización "individualizada" de las ayudas y estableciendo requisitos "objetivos y conocidos" previos a la solicitud. "Ahí puse el acento", ha reconocido.

De otro lado, ha explicado que a finales del año 2011, como consecuencia de un informe de la Cámara de Cuentas sobre comisiones de las aseguradoras, conoció la existencia de gastos externos para mediadoras en las pólizas de los ERE. Entonces, se reunieron con las aseguradoras para parar todos los pagos con esos conceptos, instándoles a que esos pagos debían considerarse como dinero de la póliza general.

"En un principio las compañías no reconocieron la situación, pero después enviaron un informe en el que señalaba que se habían pagado porcentajes a mediadoras con dos cifras en algunos casos. Se pararon esos pagos hasta que se recondujo la situación", ha declarado.

PARALIZACIÓN DE PAGOS, "MATAR MOSCAS A CAÑONAZOS"

Mañas ha señalado que cuando se detectó la existencia de más intrusos "se pararon los pagos" hasta "saber lo que había en los ERE que aún se pagaban". "Cuando se tuvo una imagen fehaciente de la situación, se volvió a pagar las ayudas tras un proceso de refinanciación póliza a póliza", además requiriendo "más documentación y fiscalización particular".

"Alguien me pudo decir que matábamos moscas a cañonazos, suspendiendo los pagos a 5.900 beneficiarios por 180 intrusos, pero era prudente pecar por exceso más que por defecto", ha admitido.

Sobre los informes elaborados por los funcionarios que participaron en las comisiones de información reservada entre enero y marzo de 2011, ha sido preguntado por el Ministerio Fiscal sobre si algo le llamó la atención, reiterando Mañas que la presencia de intrusos, más de 180 entre intrusos e irregulares, y la situación que hubiera podido producir esa situación.

"Buscábamos personas sin derecho a recibir ayudas, que no cumplían los requisitos que se establecía en los expedientes de regulación de empleo del expediente de la ayuda", ha manifestado, añadiendo que buscaban "discrepancias entre la documentación que conformaban los expedientes de ayudas".

A preguntas del abogado del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Mañas ha señalado que revisaron los expedientes buscando beneficiarios incluidos en las pólizas de renta que no cumplían requisitos o que no estaban en el ERE.

De otro lado, ha valorado el trabajo del interventor delegado de Empleo Juan Luque, con quien colaboró para abordar los "problemas" que planteaban las ayudas. "Agradezco todo su trabajo y su celo para ayudar al órgano gestor a mejorar los expedientes", ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que Luque "nunca" le dijo que el programa presupuestario 31L con el que se pagaba las ayudas tuviera "déficit fiscal", reconociendo el propio Mañas, al final de su declaración, que "no hubo errores o incidencias" en la fiscalización de ayudas de los ERE.