Actualizado 22/06/2020 10:34:10 +00:00 CET

Maeztu apela a una recuperación sin “dejar a nadie atrás” y llama al consenso en el Parlamento ante el Covid-19

Jesús Maeztu (i), este lunes en la comisión
Jesús Maeztu (i), este lunes en la comisión - PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha apelado este lunes en el Parlamento a una recuperación económica y social de Andalucía como consecuencia de la pandemia del coronavirus "sin dejar a nadie atrás" y ha pedido especial atención hacia los ciudadanos en una situación de mayor vulnerabilidad, que son los que más están padeciendo esta nueva crisis.

Así se ha pronunciado Maeztu durante su intervención subcomisión de políticas sociales y demás servicios esenciales, que forma parte de la Comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del Covid-19. Antes de la comparecencia del defensor, estaba prevista la de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Rocío Ruiz, que no ha podido comparecer finalmente por problemas de agenda.

Jesús Maeztu ha iniciado su intervención lamentando "profundamente" que el comienzo de esta comisión parlamentaria "carezca del consenso y de la capacidad de acuerdo necesario para salir de esta crisis", en referencia a la ausencia de PSOE-A y Adelante Andalucía, que han decidido no participar en los trabajos. Ha confiado en que se pueda reconstruir esta situación para afrontar la recuperación desde el consenso y con igualdad de oportunidades para todos.

"Es necesario reconstruir el consenso", según ha sentenciado el Defensor del Pueblo, para quien vencer esta pandemia universal supone mantener el virus "bajo control", pero también implica "mantener vivo y con mejor salud a nuestro sistema democrático".

Según los datos que ha expuesto Maeztu, la institución ha recibido 948 quejas y ha atendido 2.491 consultas de los andaluces durante los casi cien días en los que ha estado decretado el Estado de Alarma a causa de la propagación del coronavirus, cifras récord como la producida en abril, mes en el que mayor número de consultas se atendieron en los 37 años de historia de la Institución.

Ha señalado que la prioridad desde el primer día fue prestar especial atención a muchos colectivos que habitualmente vienen solicitando la ayuda del Defensor del Pueblo Andaluz y que, con el confinamiento y la pandemia se vieron especialmente necesitados de amparo.

Maeztu ha citado los casos de las personas solicitantes de rentas mínimas por falta de ingresos; las personas mayores; los dependientes; las personas necesitadas de una vivienda; los trabajadores migrantes, con especial atención a los asentamientos de Huelva y Almería; los niños escolarizados y sus familias, especialmente los necesitados de manutención como son los beneficiarios de los programas de garantía alimentaria; los menores con alteraciones conductuales, o el personal sanitario, que ha reclamado equipos adecuados y garantías de protección.

EXTREMA POBREZA

El Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que en estos tres meses se ha encontrado con personas y familias en extrema pobreza a las que la administración no ha contestado a sus solicitudes y ayudas solicitadas de renta mínima, ayudas al alquiler o pensiones no contributivas, a quienes se han sumado los que han perdido un empleo; agravamiento de la pobreza infantil, conflictos de guarda y custodia en menores, problemas de salud mental, niños y niñas que viven en condiciones de hacinamiento, sin acceso a la educación en algunos casos por falta de recursos tecnológicos, y personas que necesitaban cuidados, en dependencia, discapacidad o salud mental, entre ellas el colectivo de personas mayores, a quienes ha afectado de manera particular la situación vivida en las residencias.

Ha demandado a la administración autonómica una mayor agilidad en las prestaciones de carácter social.

El Defensor del Pueblo andaluz ha descrito también la situación en la que se han encontrado las personas migrantes irregulares, necesitadas de tener garantizados derechos básicos como el acceso al agua o a los alimentos en los asentamientos, así como desplazarse para trabajar en las zonas agrícolas. Maeztu se ha referido especial atención hacia la discriminación hacia las mujeres, que suelen sufrir el peor coste en todas las crisis; el derecho a la vivienda o los nuevos marginados, aquellos sin acceso al mundo digital por carencia, educación, formación, medios o recursos.

Todos estos colectivos han tenido una queja compartida, según Maeztu: las dificultades para obtener información y comunicarse con las administraciones o con los servicios sociales, especialmente por las medidas de seguridad e higiene; los ERTEs, los familiares de personas mayores en residencias, o por cada una de las medidas publicitadas y aprobadas (suspensión de la hipoteca, desplazamientos y sanciones por incumplir con el confinamiento, cortes de suministros, la tarjeta de alimentos, o los problemas de encaje del Ingreso Mínimo Vital con la renta mínima de Andalucía, etc). "Ha existido una manifiesta descoordinación en bastantes zonas de Andalucía por parte de la Administración pública hacia estas personas a quienes tiene que dar respuesta a sus necesidades básicas", ha considerado Maeztu.

Ante este nueva realidad, y a la espera de concluir un Informe extraordinario en el que la Institución ya está trabajando, el Defensor del Pueblo andaluz ha considerado que si no se atacan o corrigen las desigualdades que nos han hecho más vulnerables a los impactos de esta crisis, la respuesta a esta pandemia será débil. "Urge una reconstrucción, pero sobre todo urge que, en esa reconstrucción, las personas más vulnerables quepan mejor que ahora", ha declarado.

Para conseguir estos objetivos, el Defensor del Pueblo andaluz ha enumerado diez lecciones de esta crisis sanitaria que se pueden convertir en líneas preferentes de actuación. En primer lugar, el blindaje de una sanidad pública y universal, que dote de estabilidad a las plantillas. Otra conclusión aportada por el Defensor ha sido la necesidad del cuidado de las personas mayores, que exige más recursos, más esfuerzo, otro modelo de atención y un cuidado centrado en la persona y sus necesidades.

Maeztu ha añadido el refuerzo de una red de protección social que se ha demostrado débil, fallidas políticas en materia de vivienda y apoyo social, basado en muchas pequeñas ayudas de muy diverso tipo y que obliga a las familias a un peregrinaje continuo por las administraciones para obtener ayudas de manutención, alojamiento o acceso a luz y agua.

Para Jesús Maeztu, la ciudadanía requiere del cumplimiento del derecho a un buen gobierno y a una administración abierta en todas las políticas públicas, con especial urgencia en la educación y en los servicios sociales. Sobre la educación, el también Defensor del Menor de Andalucía se ha referido a la provisionalidad en las escuelas y las dudas sobre el aprendizaje virtual, para reclamar que es necesario adaptar el derecho a la educación a las necesidades de la sociedad digital.

Los grupos políticos han agradecido a Maeztu su informe, que estará en manos de la subcomisión. El diputado del PP-A Miguel Ángel Ruiz Ortiz ha agradecido al defensor su exposición exhaustiva, y ha indicado que Andalucía ha estado a la altura ante esta pandemia y ahora hace falta que los políticos también estén a la altura, de manera que ha pedido a PSOE-A y Adelante que vuelva a la comisión.

La parlamentaria de Ciudadanos Teresa Pardo ha indicado que los andaluces han dado una lección de solidaridad, de responsabilidad y de generosidad y ha criticado que algunos no hayan sabido estar a la altura de lo que se requiere en este momento, que es unión, generosidad y consenso, en referencia a PSOE-A y Adelante.

La diputada de Vox Ana Gil Román se ha limitado a agradecer al defensor su compromiso y tiempo.

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