SEVILLA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha cerrado una actuación de oficio sobre la situación de los valoradores de la dependencia ante la inclusión de las plazas vacantes en el próximo concurso de traslados, tras la "voluntad" del Gobierno andaluz "de acometer, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa básica estatal, los procesos que permitan reducir la temporalidad y afiancen la estabilidad en el empleo del sector público".
En el texto de la resolución, consultado por Europa Press, se expone que el pasado 13 de julio pasado recibió contestación a la Resolución de Sugerencia formulada con fecha 12 de junio, en la que se instaba a que, en el seno de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, "se promoviera impulsar un plan de estabilidad en el empleo público temporal al servicio de esta Administración".
Así, y tras la recepción del informe de la Administración, el Defensor da por concluida su actuación al considerar que con la respuesta recibida esta situación "se encuentra en vías de solución, una vez que se adopten las medidas oportunas y se contemple en la normativa básica estatal la consolidación del empleo temporal, la reducción de la temporalidad incluyendo las plazas o puestos de trabajo con necesidades estructurales o permanentes de ocupación, eliminándose el tope máximo del 90% de las mismas, y eliminación del requisito de que la ocupación temporal en los tres años anteriores a 31/12/2016 lo sea de manera ininterrumpida".
Hay que recordar que la institución abrió esta queja para investigar la situación de los valoradores de la dependencia ante la inclusión de las plazas vacantes en el próximo concurso de traslados, un asunto por el que, a su juicio, "el servicio resultaría ciertamente afectado, dado que, salvo excepciones, la mayoría de los funcionarios que optasen a los puestos carecerían de la formación y experiencia sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia en Andalucía".
En el texto de la actuación, dirigida a la Consejería de Hacienda y Administración Pública y la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, el Defensor explicaba que habían comparecido en la institución una representación de funcionarios interinos del departamento que dirige María José Sánchez Rubio que, desde hacía más de nueve años, venían prestando sus servicios en las distintas delegaciones territoriales realizando las funciones de valoración de dependencia.
La Defensoría explicaba que el colectivo afectado expuso su "preocupación" por la situación ante la convocatoria de provisión mediante concurso de méritos de personal funcionario en la Administración de la Junta de Andalucía donde se ofertan las plazas que vienen ocupando.
Además, indicaba que "sin perjuicio de los derechos que les asisten a los funcionarios de carrera de acceder a dichos puestos, era evidente que el servicio resultaría ciertamente afectado" y agregaba que "se perdería la acreditada experiencia e inversión en formación dispensada al colectivo en estos años desde que se puso en marcha la Ley".
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