Maíllo ve "mayor gravedad" que Moreno hablara de "jueces amigos" tras archivo de causa de contratos del SAS en Sevilla

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha considerado este lunes que "le vemos mayor gravedad" a la afirmación que hizo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en diciembre de 2024 en una entrevista con la Cadena Ser aludió a que "jueces amigos" le apuntaban el archivo de las causas judiciales sobre la contratación de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Ha reaccionado Maíllo así al archivo de las diligencias previas 2476/2024 que se seguían en la sección de Instrucción del Juzgado de Instancia plaza número 13 de Sevilla, que adelantó este domingo Abc de Sevilla.

En una comparecencia informativa en la sede de Izquierda Unida Andalucía, Maíllo ha reconocido que "nos sorprende" que el titular de este Juzgado, José Antonio Gómez, haya procedido a ese archivo del caso después de tres sucesivas testificales, la última de las cuales la protagonizó el martes 20 la hoy consejera de Sostenibilidad, Catalina García, quien en octubre de 2020 era viceconsejera de Salud, momento en que el Consejo de Gobierno acordó cambiar la fiscalización de la contratación de emergencia del SAS de previa a control financiero permanenente. Estas diligencias se abrieron tras denuncia del Grupo Parlamentario Socialista y de Podemos Andalucía.

Se ha preguntado si este archivo en Sevilla "tiene alguna relación" con "amigos jueces que le decían que eso no iba a ningún lado". "No sé si este juez forma parte de esos amigos jueces que tiene Moreno Bonilla que le adelantan lo que se dice en los autos", ha afirmado.

El candidato de Por Andalucía en las autonómicas de este año ha postergado un pronunciamiento más hondo a la espera de la lectura del auto "para conocer realmente la consistencia o no y los fundamentos en que se basa esa decisión", aunque ha proyectado su escepticismo por el hecho de que "se vea legal" prolongar un pronunciamiento de contratación "cuando ya no tenía la cobertura del Real Decreto Extraordinario del Covid".

Maíllo se ha remitido en este sentido a que fuera el propio consejero de Hacienda de entonces, Juan Bravo, quien señalara en una instrucción que esos contratos ya dejaban de contar con el paraguas de la excepción que introdujo el Gobierno dentro de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

"Independientemente de la decisión judicial esto no absuelve en términos políticos", ha proclamado en este sentido el líder de Izquierda Unida, convencido de que esta práctica ha sido "un caso de corrupción de una administración que usa y abusa de un modelo de contratación sin justificación".

"Estamos hablando de millones de euros, de más de 200 millones de euros susceptibles de que se hicieran por este procedimiento y en ese favorecimiento de empresas sobre otras sin ningún tipo de justificación", ha sostenido Maíllo sobre el hecho de fondo, que ha calificado como "una práctica muy deficiente en la gobernanza andaluza", de la que ha inferido que "es una fuente sin lugar a duda de corrupción".

El juez Gómez ha procedido en un auto fechado el 22 de este mes a decretar el "sobreseimiento provisional y archivo" de las actuaciones derivadas de las presentadas por el PSOE andaluz y por Podemos contra la actual gerente del SAS, Valle García, y sus antecesores Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas Ortega, por considerar que "no existen indicios de la perpetración de delito" y, por ello, "no existen diligencias que resulten relevantes o pertinentes por cuanto serían inútiles en orden a acreditar unos hechos que, en sí mismos carecen de relevancia penal".

El juez rechaza la petición del PSOE-A de recabar un informe pericial de la Intervención General del Estado "por cuanto no existen elementos o principios de prueba que avalen razonablemente la posible exitencia de delito, y prolongar más la instrucción vulneraría el sistema constitucional de derechos y libertades que impide, no sólo una investigación prospectiva, sino también que cualquier ciudadano pueda verse sometido a una investigación sin verdadero fundamento".