Málaga.- El jefe de la Policía Local marbellí llega al juzgado, donde está previsto que declare hoy el último detenido

Europa Press Andalucía
Actualizado: miércoles, 5 abril 2006 13:25

MARBELLA (MALAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El superintendente de la Policía Local de Marbella (Málaga), Rafael del Pozo, llegó a los juzgados de la localidad poco antes de las 11.00 horas para prestar declaración por el 'caso Malaya'. También está previsto que hoy comparezca ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5, Miguel Angel Torres, el empresario detenido ayer en el municipio malagueño de Torremolinos, Rafael Ll.

El responsable de la Policía Local marbellí, que llegó a los juzgados en una moto, reconociendo estar "más nervioso" que en los días anteriores, insistió en que no se le imputa ninguna acusación y en que le han citado a declarar "sin más".

La Policía Nacional detuvo en la tarde de ayer en Torremolinos al empresario Rafael LL. por un presunto delito de cohecho dentro de la operación 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella.

Con éste, son 24 los detenidos dentro de esta operación, que comenzó el pasado miércoles y se extendió a Madrid y Murcia. Del total, 11 personas se encuentran en prisión, mientras que el resto está en libertad con cargos.

Así, están en la cárcel la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe; la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos; el asesor municipal de Urbanismo y presunto 'cerebro' de la trama, Juan Antonio Roca; el concejal de Tráfico y Transportes, Victoriano Rodríguez; los empresarios Ismael Pérez Peña y Oscar Benavente Pérez; la presunta testaferro, Montserrat Corulla, y cuatro abogados del despacho Sánchez Zubizarreta & Soriano, en Madrid.

Por su parte, el edil de Cultura del Ayuntamiento marbellí, José Jaén, quedó en libertad tras abonar la fianza de 30.000 euros que le impuso el juez, al igual que los empresarios José Luis Alonso Boyer y Julio de Marco, que pagaron las fianzas fijadas de 20.000 y 12.000 euros, respectivamente. Además, se fijó otra de 90.000 euros para el letrado Francisco S.Z. y de 30.000 euros para Miguel P.C.

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