CCOO convoca movilizaciones el 14 de octubre en Andalucía por agresiones a la plantilla de los centros de menores

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha alertado este miércoles de la situación "muy preocupante" de los 240 centros de protección de menores y de justicia juvenil, en los que la secretaria general de la federación, Marina Vega, asegura que "el 80% de los profesionales que trabajan en ellos ha sufrido algún tipo de agresión física o verbal, si bien sólo el 6% ha sido denunciada".

Ante esta situación, CCOO ha convocado movilizaciones en todas las provincias andaluzas el próximo 14 de octubre para "exigir al Gobierno andaluz un cambio de modelo en la gestión de estos centros y unas condiciones laborales dignas y seguras para sus trabajadores". Así lo ha recogido CCOO Andalucía en una nota de prensa en la que ha llamado la atención sobre las educadoras, en las que "se da el agravante", como ha explicado Antonio Toranzo, educador social y miembro del equipo de Acción Sindical de Justicia Juvenil de la federación, que "el 3% ha sufrido agresiones de tipo físico, con tocamientos, y un 18% ha sufrido comentarios de índole sexual".

Ante estas críticas, fuentes de la Consejería de Justicia han puntualizado a Europa Press que "el sistema de justicia juvenil andaluz es un referente no sólo España sino también fuera de él, como acreditan las numerosas visitas de fiscales y jueces de otros países, y los reconocimientos que ha recibido", gracias a los profesionales, que "cuentan con acreditada experiencia y formación para la reeducación de estos jóvenes y para afrontar las situaciones complejas que puedan surgir en ese proceso".

"Los centros cuentan con profesionales de la seguridad, preparados para actuar en casos de gravedad que así lo requieran. Existen también medidas de seguridad, y así se exigen en los pliegos para la contratación, y protocolos de seguridad que incluyen formación al personal para saber cómo actuar, tanto de forma verbal como física, ante situaciones complejas con los menores", en respuesta a CCOO, que ha lamentado que no haya medidas de seguridad y tampoco un protocolo de agresiones. "En estos momentos, hay abiertos varios procesos de licitación en distintos centros y no sólo no se incrementan las plantillas, sino que están recortando personal", ha sostenido el sindicato.

La educadora social y miembro del equipo de Acción Sindical de Protección de Menores de la federación de CCOO, Rocío Lobo, ha señalado que "este tipo de actuaciones no son casos aislados, sino que se dan con bastante asiduidad, ya que se trata de niños que están muy dañados a nivel emocional y hay momentos de alta conflictividad". De hecho, CCOO ha apuntado que "en los últimos meses ha habido siete agresiones físicas graves que han supuesto hospitalizaciones, fracturas y bajas de larga duración, por no hablar de los efectos psicológicos que tienen para los trabajadores".

Situaciones todas ellas, que, según apuntan desde CCOO, "el Gobierno andaluz no está fiscalizando porque existe un observatorio de justicia juvenil que estudia la reincidencia, pero no las agresiones de los trabajadores. Ante esta situación, Vega ha exigido al Ejecutivo andaluz medidas "inmediatas" a través de un nuevo pliego de contratación que contemple el refuerzo de personal, protocolos efectivos de seguridad, aplicación íntegra del quinto convenio colectivo, reconocimiento del plus de peligrosidad para estos profesionales y garantizar su seguridad laboral.

La Junta ha aclarado, no obstante, que en la actualidad, no está funcionando el Observatorio de Justicia Juvenil, pues su puesta en marcha está prevista para final de año". En cuanto a la política de contratación, la Junta detalla que "todos los contratos que la Consejería mantiene con las entidades que gestionan los recursos de justicia juvenil cumplen con el convenio colectivo del sector" y que "los pluses que desde las organizaciones sindicales reclaman deben ser negociados en el ámbito de la patronal del sector. Todos los acuerdos alcanzados y que se recojan en convenio colectivo son y serán aplicados por parte de la Administración".

"Las contrataciones que se realizan para los recursos de Justicia Juvenil se rigen precisamente por la calidad y no el criterio económico, es decir, en las fórmulas que se aplican para la baremación prima la calidad frente a lo económico. Actualmente, no existe ningún proceso de licitación abierto y, por tanto, no es posible decir que se han sacado a licitación contratos que conllevan reducción de personal, ha concluido la Junta.

Por su parte, CCOO sostiene que "este modelo de gestión privatizado de un servicio esencial tiene dos víctimas, por un lado sus trabajadores, que desempeñan sus funciones en condiciones cada vez más inseguras y con dificultades; y por otro los menores, que no reciben la atención ni la estabilidad y recursos que necesitan por parte del Gobierno de Andalucía". Por ello, el sindicato ha exigido una revisión "urgente" del modelo de privatización del Gobierno andaluz para estos centros exigiendo que "prime la calidad por encima del precio".