Méndez de Lugo, en desacuerdo con las restricciones en el servicio de notificaciones y embargos que afectan a Sevilla

Actualizado: jueves, 17 septiembre 2009 21:08

GRANADA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dijo hoy entender que la Administración recorte gastos ante una crisis económica, si bien se mostró en desacuerdo con la forma en que se están restringiendo los servicios de notificaciones y embargos que afectan a los partidos judiciales de Sevilla, Dos Hermanas y Sanlúcar la Mayor.

Méndez de Lugo ha efectuado estas declaraciones a los periodistas en Almuñécar (Granada), después de que la consejera de Justicia y Administraciones Públicas, Begoña Álvarez, recordara hoy que su departamento sigue apostando por una reorganización de los servicios de notificaciones y embargos, lo que permitirá ahorrar dos millones de euros para invertir en la creación de 40 puestos de trabajo y en otras medidas que redunden en la mejora de la Justicia.

El presidente del TSJA vio con buenos ojos que las administraciones "den ejemplo ante una crisis económica y recorten gastos", aunque dijo no estar de acuerdo con la manera en que se están recortando en el servicio de notificaciones y embargos que afectan a los partidos judiciales de Sevilla, Dos Hermanas y Sanlúcar la Mayor.

A su juicio este asunto "no se ha planificado lo suficiente como para crear rutas donde el transporte público colectivo sea posible" y dijo que habrá otras en las que "habrá que poner servicio público individual". Advirtió además de que en el servicio de guardia "no puede estar a expensas del transporte público".

Méndez de Lugo efectuó estas declaraciones antes de la inauguración de las jornadas 'El poder judicial a debate' que se celebran en Almuñécar (Granada), en las que destacó que el derecho público está sumido en una profunda crisis y precisa de un modelo nuevo ante uno agotado con tres pilares: La oficina judicial, la planta y la demarcación judicial o, por último, el proceso.

Apostó por un nuevo modelo que permita a los jueces la posibilidad de desarrollar la tutela judicial efectiva como garantiza la constitución.