GRANADA, 12 May. (EUROPA PRESS) -
Beppino Englaro, el padre de la joven italiana Eluana que pasó 17 años en estado de coma vegetativo hasta que recibió la autorización judicial para ser desconectada del sistema artificial que la mantenía con vida, sostuvo hoy que su hija "fue una víctima primero de los médicos y después del Estado".
Englaro se desplazó hoy a Granada para participar en unas jornadas sobre el anteproyecto de ley que regulará en Andalucía el derecho a una muerte digna para relatar la experiencia que vivió con su hija, a la que definió como "una purasangre de la libertad", cuyo deseo de no ser mantenida artificialmente con vida "no fue comprendido por la opinión pública".
Explicó que la joven, que entró en un coma vegetativo irreversible tras sufrir un accidente de tráfico en 1992, ya había manifestado un año antes en el entorno familiar su oposición a ser mantenida con vida artificialmente, ya que conocía una situación similar que le ocurrió a un amigo y había "dejado clara" su posición tanto a su padres como a sus allegados.
Para sus padres la opinión manifestada por Eluana constituía "un consentimiento informado" ya que la joven entró en coma siendo mayor de edad, aunque no fue entendido de esta forma ni por los médicos --"que defendieron la cultura de la vida pero no la de la libertad" -- ni por los tribunales, que negaron durante más de una década el derecho a morir de la joven.
Englaro relató hoy el largo y complejo proceso para obtener la autorización judicial que permitiría desconectar a su hija del sistema de alimentación artificial que la mantenía con vida, como era su deseo, y que se materializó el pasado 9 de febrero en una clínica privada de Udine, en el Norte de Italia, cuando ella tenía 38 años.
Fue el Tribunal Supremo de Italia quien lo autorizó en 2007, aunque a partir de ese momento se desató una gran polémica en los distintos sectores de la sociedad, incluido el político, que a través del Senado y el Parlamento "puso todas las trabas posibles" para evitar que se desconectara Eluana por las "repercusiones" que a su juicio podría conllevar.
Aseguró que los familiares de la joven "tenían claro desde el primer momento que su intención era defender el Estado de Derecho" y lamentó que "hayan tenido que pasar 17 años" para hacérselo entender a la sociedad italiana.
