El Parlamento andaluz debate esta semana si toma en consideración la ILP sobre la sanidad promovida por 'mareas blancas'

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía debatirá este próximo miércoles, 26 de noviembre, la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de "recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público en Andalucía", promovida por la Coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía, sobre la que el Ejecutivo andaluz del PP-A no ha manifestado criterio previo, ni favorable ni desfavorable a su tramitación.

Así se dio a conocer el pasado miércoles, cuando la Junta de Portavoces fijó el orden del día del Pleno de esta semana, que en esta ocasión se desarrollará durante tres jornadas en vez de en dos como es lo habitual, y que comenzará el miércoles, a las 16,00 horas, con los debates finales de dos proyectos de ley --de impulso y promoción de la producción ecológica y otras producciones agrarias, pesqueras y acuícolas certificadas en Andalucía, y de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía--, tras los que se debatirá la referida ILP.

El texto de esta Iniciativa Legislativa Popular "para recuperar la calidad del sistema sanitario público andaluz", consultado por Europa Press, parte de la premisa de que, "desde el año 2019" --cuando el líder del PP-A, Juanma Moreno, fue investido por primera vez como presidente de la Junta--, "se ha hecho más intenso" el "deterioro de la sanidad pública" en Andalucía.

Los promotores de la ILP sostienen que "el modelo de gestión que desde esa fecha se ha intensificado es el llamado de colaboración sanitaria público-privada, que, en la práctica, está resultando en un adelgazamiento progresivo del sector sanitario público y un crecimiento continuo del privado".

POR UNA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE SALUD DE ANDALUCÍA

"Las decisiones privatizadoras se acumulan en este periodo", y "las listas de espera sanitarias, tanto las diagnósticas como las quirúrgicas, se han visto incrementadas de forma escandalosa", según se advierte en la exposición de motivos de esta iniciativa legislativa, que propone "una nueva legalidad que dé fin al deterioro presente de la sanidad" mediante una serie de modificaciones de la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía.

Se trata de modificaciones encaminadas a "poner en marcha sistemas de control social de las decisiones de la administración sobre la sanidad pública, potenciar el necesario desarrollo de los recursos propios en todos los niveles asistenciales para garantizar la accesibilidad de los ciudadanos y el correcto funcionamiento de los mismos y, por último, regular y limitar el papel excepcional, subsidiario y temporal de la concertación con el sector privado", según se avanza en la exposición de motivos.

De esta manera, la ILP consta de un artículo único, de modificación de dicha Ley de Salud de Andalucía, de forma que en dicha norma se determine que "el sistema sanitario público de Andalucía" se caracterizará por "la extensión de sus servicios a toda la población; el aseguramiento único y público y la financiación pública del sistema; el uso preferente de los recursos sanitarios públicos en la provisión de los servicios", y "la prestación de una atención integral de la salud, procurando altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados".

Además, entre otras cuestiones, la ILP propone que la Ley de Salud de Andalucía fije que "la red de atención primaria tendrá un dimensionamiento de personal suficiente para garantizar la asistencia sanitaria a demanda en un plazo no superior a 48 horas y en la atención programada se respete el criterio facultativo que lo designa", así como que se garantice "una atención sanitaria hospitalaria con una lista de espera inferior a 30 días para consultas, tanto primeras como sucesivas, y para intervenciones quirúrgicas inferior a 60 días".

Finalmente, el texto de la ILP plantea que la ley recoja que, en la sanidad andaluza, "el régimen de concierto será incompatible con la percepción de subvenciones destinadas a la financiación de las actividades o servicios que hayan sido objeto del concierto", y "la Consejería de Salud adoptará las medidas necesarias para auditar la calidad asistencial, la equidad en el acceso y el coste económico de los servicios y centros financiados con dinero público y sometidos a gestión privada, incluyendo los servicios considerados no sanitarios".