Publicado 23/07/2020 20:51CET

El Parlamento expresa su rechazo a la intención del Gobierno central de "cerrar" centros de educación especial

Un alumno hace sus tareas
Un alumno hace sus tareas - Junta de Andalucía - Archivo

SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves una proposición no de ley conjunta de PP-A y Ciudadanos (Cs) en la que se insta a la Junta a que demande al Ejecutivo nacional que rectifique su previsión de reforma educativa "que discrimina los centros de educación especial y prevé su cierre, coartando la libertad de los padres a elegir el modelo educativo e imponiendo un modelo único decidido por la administración educativa", y que se mantenga el actual sistema educativo constituido por centros ordinarios y centros de educación especial y especializados.

La iniciativa ha contado con el apoyo de Vox en todos sus puntos, mientras que PSOE-A y Adelante la han apoyado parcialmente.

En virtud de la iniciativa, el Parlamento ha expresado su apoyo todas las familias con hijos en edad escolar que tienen necesidades educativas especiales y reconoce su derecho constitucional a la libertad de elección de modelo educativo y a la la libertad de elección de los padres y el derecho de elegir entre diferentes modelos educativos, recogida en el artículo 27 de la Constitución Española.

Se ha instado a la Junta a que demande al Gobierno central que garantice que en el sistema educativo, los alumnos con necesidades educativas especiales puedan ser escolarizados en centros ordinarios, en aulas específicas dentro de los centros ordinarios, en centros especializados o en centros de educación especial.

Otra demanda a la Junta consista en que pida al Ejecutivo nacional que garantice a las familias que sus hijos reciban la mejor educación y que cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para conseguir su plena inclusión educativa y social, independientemente del tipo de centro educativo, ordinario o especial, donde estén escolarizados.

El diputado del PP-A Rafael Caracuel ha manifestado que los niños con necesidades educativas especiales requieren del trabajo y atención de docentes especializados, de médicos o de logopedas entre otros muchos profesionales que trabajan con este alumnado en los centros de educación especial. Ha denunciado que, sin embargo, el Gobierno central propone en su reforma educativa "excluir a los padres de una decisión fundamental como es el poder elegir el tipo de centro educativo donde quieren escolarizar sus hijos, dando la potestad de decisión a las administraciones educativas y abriendo la puerta al cierre de los centros de educación especial en un plazo de 10 años".

La parlamentaria de Ciudadanos Concepción González ha considerado que el Gobierno central tiene que buscar el pacto educativo y abordar las reformas buscando el acuerdo. Ha preguntado si el Ejecutivo nacional ha pensado realmente, durante la elaboración de la nueva normativa, en los alumnos con discapacidad intelectual que requieren una educación especial y en sus familias. Ha preguntado a los socialistas si quieren acabar con unos entornos donde estos niños reciben la atención más adecuada para ellos y donde pueden desarrollarse ampliamente.

Por su parte, el diputado del PSOE-A Juan Pablo Durán ha manifestado que la iniciativa de PP-A y Cs está planteada desde el más "absoluto desconocimiento" y ha mostrado su preocupación por que estén dispuestos a utilizar este tema "para confrontar, pelear y para la política del canalleo". Los ha acusado de generar una controversia donde no la hay ni la habrá. Ha querido dejar claro el reconocimiento del PSOE-A a la gran labor de los profesionales de los centros de educación especial desde su origen, con una altísima calidad vocacional.

La parlamentaria de Adelante Andalucía Vanessa García ha denunciado que PP-A y Cs plantean con su iniciativa un "debate falso y manipulado" y ha negado que la reforma educativa planteada por el Gobierno central incluya el cierre de los centros de educación especial. Ha acusado a ambos partidos de "mentir" y ha denunciado que, durante la pandemia del coronavirus, ha "discriminado al alumnado con discapacidades auditivas".

La parlamentaria de Vox Ana Gil ha defendido el derecho constitucional de las familias a la libertad de elección de modelo educativo y de centro de sus hijos, algo que su formación va a exigir tanto al Gobierno central como a la Junta. Ha señalado que los niños con necesidades especiales requieren de la mejor atención y no se puede "enterrar su progreso con un sistema educativo homogéneo donde prime la agenda ideológica de algunos" y que persigue acabar con los centros de educación especial donde reciben una atención adecuada para su desarrollo.