El Parlamento pide que los funcionarios de prisiones tengan la consideración de autoridad pública

SEVILLA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves una proposición no de ley de Ciudadanos (Cs) por la que pide que los funcionarios de prisiones, en el ejercicio de sus funciones, tengan la consideración de autoridad pública, algo que ha contado con respaldo de todos los grupos salvo de Adelante Andalucía, que ha votado en contra.

Concretamente, el Pleno ha instado al Gobierno andaluz a que inste al Gobierno central a modificar el artículo 80.2 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria, de 26 de septiembre, para que los funcionarios de prisiones en el ejercicio de sus funciones tengan la consideración de autoridad pública, así como lleve afecto la reforma del artículo 80 de la misma que asimile en el resto de condiciones a estos funcionarios con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, todo tras asumir enmiendas del PP-A, PSOE-A y Vox.

Asimismo, por unanimidad, la Cámara reclama que se mejoren las condiciones de salud y seguridad, que reduzcan las acciones violentas hacia el personal penitenciario y que garantice su indemnidad física ante las agresiones y, asimismo, promover los procesos selectivos oportunos que doten a los centros penitenciarios del personal necesario y suficiente.

En defensa de la iniciativa, la diputada de Cs Concepción González
se ha apoyado en los datos publicados, relativos al periodo comprendido entre 2011 y 2016, por el Ministerio del Interior y Acaip, que reflejan que siete de los 19 establecimientos penitenciarios donde se producen más actuaciones violentas se encuentran en Andalucía, concretamente en las prisiones de Sevilla II, Córdoba, Puerto III (Morón de la Frontera, Sevilla), Puerto 1 (El Puerto de Santa María, Cádiz), Botafuegos (Algeciras, Cádiz), Málaga y Albolote (Granada).

Además, entre las situaciones violentas, se ha referido, a que hay más de 2.100 agresiones padecidas por el personal penitenciario en todo el país, siendo un cuarto de éstas, concretamente 455, las que se incardinarían en Andalucía, según fuentes del Ministerio de Interior, UGT, Acaip, CSIF y CCOO, lo que vincula "a la inexistencia de un Protocolo de Agresiones que establezca medidas de carácter preventivo y en caso de producirse las mismas, la existencia de un deficiente sistema sancionador y disciplinario para los agresores".

A juicio de la diputada de Cs, estas situaciones "están relacionadas con el estatus del personal penitenciario y el inexistente carácter de agente de la autoridad que tienen estos funcionarios".

"Pese a que nadie duda del ejercicio de autoridad que los funcionarios de prisiones ejercen en su lugar de trabajo, especialmente aquellos que se encuentran en contacto directo con los internos, lo cierto es que ninguna ley les concede el rango de agentes de la autoridad", según ha lamentado y ha aludido a que "muchas de las agresiones que han sufrido estos funcionarios se hubiesen evitado si estos hubiesen sido reconocidos como agentes de la autoridad".