SEVILLA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento de Andalucía ha acordado este miércoles que prosiga la tramitación del proyecto de Ley de Creación de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Junta de Andalucía,
texto que aprobó el Consejo de Gobierno en su reunión de 2 de agosto y que no registraba ninguna enmienda de totalidad de los grupos parlamentarios.
El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha anunciado a la finalización del debate la remisión del texto a la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos para que continúe su debate y afronte el trámite de las enmiendas parciales antes de su aprobación definitiva por el Pleno.
La Junta de Andalucía ha retomado en esta XII Legislatura un texto que ya aprobó en marzo, pero que decayó por la disolución de la Cámara autonómica para la celebración de las elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio.
El proyecto de ley lo ha defendido ante el Pleno del Parlamento la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, quien de entrada ha agradecido a los grupos que no hayan registrado enmiendas a la totalidad, decisión que ha interpretado como "un gesto bastante favorable".
España ha defendido la contribución del futuro texto legal como "una forma de trabajar que no tiene precedentes" en el desempeño de la Administración autonómica, por cuanto "nunca se sometió a tantos filtros internos", una iniciativa que ha justificado con la aspiración de "ver dónde estamos fallando, dónde tenemos deficiencias".
Ha señalado que la pretensión es dotar a la Administración autonómica de un grupo de funcionarios de la mayor cualificación para el control interno y la contabilidad pública para desarrollar un modelo de control interno de la actividad financiera pública más eficaz y adaptado a la evolución de los sistemas de gestión financiera de los recursos públicos.
La Consejería de Hacienda ha defendido que "persisten las circunstancias y la oportunidad de mantener el anteproyecto de ley como se aprobó inicialmente", así como que "no hay cambios normativos que exijan su modificación".
La Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) tiene atribuida la actividad de control interno -a través del control previo, financiero y contable-, como recoge el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta.
La Junta de Andalucía ha precisado que como órgano gestor de la contabilidad del sector público regional, la Intervención General asume numerosas obligaciones de rendición de cuentas y transparencia por las normas comunitarias y estatales de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (control del déficit, regla de gasto y deuda pública), exigencias que han supuesto "un cambio en sus funciones y con ello la necesidad de un mayor grado de especialización en auditoría, contabilidad financiera y analítica o consolidación de estados financieros".
A estas exigencias normativas externas se ha sumado los nuevos cometidos de la propia Junta de Andalucía, como es la supervisión continua de las entidades y organismos dependientes de la Junta y de la que la consejera de Economía espera que sus resultados deben servir a la evaluación de la eficacia del sector público.
Además de la decisión de crear los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Junta de Andalucía, España ha abogado por potenciar las técnicas de auditoría operativa y supervisión continua, como actuaciones adicionales a la fiscalización previa y el control financiero.
Las funciones del Cuerpo Superior de interventores y auditores se centrarán en tareas de decisión, planificación, organización, supervisión y dirección de las áreas competenciales de control, así como en la emisión de informes, actos de control o asesoramiento superior.
Las tareas del Cuerpo Técnico residirán en el apoyo a las funciones de auditoría, en concreto, a las nuevas funciones de supervisión continua que se encuentran en las fases iniciales de implementación y a las auditorías operativas que ofrecen la información de base para aquéllas.
EL PSOE: "NO ES UN CAMBIO DE MODELO, CUMPLIMOS UNA OBLIGACIÓN LEGAL"
La diputada socialista Alicia Murillo, quien ha asegurado que su grupo parlamentario "no va a vetar nada como está sucediendo con el Ayuntamiento de Marbella", en referencia a la negativa de la Mesa del Parlamento de permitir como pregunta de máxima actualidad una del PSOE sobre la adjudicación de contratos en esa Corporación a una sociedad del marido de la alcaldesa, ha defendido que con la iniciativa legal de creación de estos dos cuerpos "lo que estamos haciendo es cumplir con una obligación legal, no es un cambio de modelo, no han venido a descubrir la pólvora" tras poner de manifiesto que son tareas previstas en la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público y que en 2020 un informe del Tribunal de Cuentas recomienda a las comunidades autónomas un sistema de superivisión de entidades dependientes.
Murillo ha defendido que la futura ley "viene enaltecer funciones que se venían desempeñando desde hace muchos años", mientras que ha advertido sobre que "se postergan a normas posteriores muchos conceptos".
La parlamentaria del PP Ascensión Hita ha argumentado ante el resto de los grupos que el acceso a los cuerpos de Interventores y Auditores será por igualdad, mérito, y capacidad para apuntar que "los errores del pasado los dejamos en el pasado", convencida de que "tenemos un nuevo modelo de hacer las cosas".
Hita ha reprochado al PSOE que "venga a darnos lecciones de control" del gasto público, actitud que ha considerado "sonrojante", para defender que "ahora en Andalucía no se habla de corrupción, se habla de otras cosas, de innovación, de creación de empleo, de cosas buenas para Andalucía", mientras que ha apuntado que la creación de estos dos cuerpos vendrá a "ayudar a la Intervención General de la Junta de Andalucía para agilizar la tramitación de expedientes" tras esgrimir que "en los últimos años se ha dado muchísimo trabajo a la Intervención".
La diputada de Vox Cristina Jiménez ha apuntado sobre la repercusión de la futura ley que "los escándalos políticos por obviar ese control interno avergüenzan a todos los andaluces", momento en que ha enseñado la reproducción de dos páginas de periódicos sobre el caso ERE con imágenes de los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como ha recordado al PP el auto del juez de Sevilla José Ignacio Vilaplana sobre la responsabilidad de la Administración por pedir el archivo de piezas en el caso de los ERE, y ha anunciado que "apoyaremos el proyecto de ley, pero espere enmiendas".
La parlamentaria de Por Andalucia Alejandra Durán ha calificado como "una noticia positiva" la aprobación del proyecto de Ley, aunque ha considerado que el Gobierno andaluz, usando el lenguaje del mus, "ha legislado a chicas y no a grandes" para concluir que "se trata de una ley rapidita que deja al desarrollo reglamentario de muchos de sus elementos" y ha pedido que el texto legal hubiera sido "una Ley sobre la Función Interventora y Auditora".
Tras calificar de "integración manifiestamente mejorable" la de los funcionarios que en la actualidad desempeñan estas tareas, Durán se ha preguntado "la Intervención General cómo se entronca con los dos cuerpos" y ha concluido que la norma supone "una oportunidad perdida".
