Accidente ferroviario en Urda (Toledo). - Víctor Fernández - Europa Press
SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves sendas proposiciones no de ley de PP-A y Vox --socios en la Junta-- sobre la situación de la conexión ferroviaria entre Andalucía y Madrid tras el accidente en Urda (Toledo) en las que se exige al Gobierno central que garantice la "seguridad" en esa línea de alta velocidad, que en estos momentos se encuentra cerrada.
La PNL de Vox ha contado unicamente con los apoyos de los 62 diptados de PP-A y Vox, mientras que la del PP-A, ha recibido el voto favorable unánime en sus primeros dos puntos y de 70 votos afirmativos en el resto de puntos (a excepción del cuarto con 74 votos a favor).
En virtud de la proposición no de ley del PP-A, el Parlamento ha reclamado al Gobierno central "el esclarecimiento riguroso y transparente" de las circunstancias del accidente ferroviario de Urda, que se asuman "al máximo nivel las responsabilidades institucionales y políticas" que correspondan, y que lleve a cabo, con carácter inmediato, una auditoría técnica extraordinaria e independiente de la red ferroviaria estatal, especialmente de las conexiones de Madrid con Andalucía.
Se ha instado al Gobierno de España a garantizar una atención integral, inmediata y continuada a todas las personas afectadas, mediante la asistencia sanitaria, psicológica, jurídica y económica que resulte necesaria, así como la plena efectividad de sus derechos de información, asistencia e indemnización. Se recoge hacer "todo ello extensivo a las víctimas" del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero.
La Cámara ha reclamado al Ejecutivo nacional "el esclarecimiento riguroso y transparente de las circunstancias del accidente ferroviario mediante una investigación administrativa exhaustiva, sin perjuicio de la investigación técnica independiente y judicial, que permita determinar las causas y depurar las responsabilidades que procedan, incluidas las derivadas de posibles deficiencias en la dirección, gestión y supervisión ferroviaria".
Se le ha instado a realizar, con carácter inmediato, "una auditoría técnica extraordinaria e independiente de la red ferroviaria estatal, especialmente de las conexiones con Andalucía, que evalúe el estado de las infraestructuras, los sistemas de seguridad, los protocolos de circulación y el mantenimiento, haciendo públicos sus resultados y aprobando un plan de actuaciones correctoras con financiación suficiente, responsables identificados, plazos verificables y control parlamentario de su ejecución".
Otra demanda al Ejecutivo nacional es que asuma "plenamente y al máximo nivel las responsabilidades institucionales y políticas que le corresponden en la dirección, planificación y supervisión del sistema ferroviario de competencia estatal, sin circunscribir el esclarecimiento del accidente a posibles errores humanos individuales ni excluir el examen de las deficiencias organizativas, tecnológicas, de renovación, mantenimiento o supervisión que hubieran podido contribuir al siniestro".
También se le ha instado a "determinar y exigir las responsabilidades administrativas, disciplinarias y de gestión que procedan".
Otra demanda al Gobierno central es que garantice "de manera efectiva la seguridad de los ciudadanos andaluces que utilizan los servicios ferroviarios, mediante una revisión inmediata y exhaustiva de todas las infraestructuras ferroviarias estatales que discurren por Andalucía, especialmente de la línea de alta velocidad que conecta con Madrid".
Se le ha pedido que adopte las medidas preventivas, operativas y actuaciones urgentes que resulten técnicamente necesarias, y que condicione la recuperación de los servicios afectados a la comprobación objetiva de las condiciones exigibles de seguridad, facilitando información pública verificable que "permita recuperar la confianza de los viajeros en el sistema ferroviario".
Asimismo, se ha censurado "la falta de renovación del sistema de señalización y protección ferroviaria LZB de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, cuya sustitución y modernización mediante la implantación del sistema europeo ERTMS fue objeto de adjudicación por Adif Alta Velocidad en septiembre de 2021, con un plazo de ejecución de 52 meses".
Por ello, se ha instado al Gobierno de España a explicar de forma documentada las causas de los retrasos acumulados, el grado real de ejecución y las eventuales responsabilidades derivadas de su gestión, así como a establecer un calendario definitivo y verificable para su puesta en servicio, garantizando entre tanto la fiabilidad de los sistemas existentes, la adecuada gestión de sus incidencias y el cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad ante cualquier fallo técnico, "sin prejuzgar las causas del accidente investigado".
De otro lado, la Cámara autonómica ha condenado la "persistente falta de ejecución efectiva de las inversiones ferroviarias estatales en Andalucía durante el período 2021-2026", y se insta al Gobierno central a aprobar una "programación plurianual de inversiones ferroviarias territorializada, suficientemente financiada y verificable".
"RECHAZO" A LA GESTIÓN DEL GOBIERNO
En virtud de la proposición no de ley de Vox aprobada, el Parlamento ha mostrado un "total rechazo a la gestión desarrollada por el Gobierno de España en materia ferroviaria, particularmente en lo relativo a la planificación, conservación, mantenimiento, seguridad y modernización de las infraestructuras, reclamando una actuación que sitúe la seguridad de los viajeros y trabajadores como prioridad absoluta".
Se ha instado al Gobierno de España a facilitar toda la información disponible sobre las circunstancias que han rodeado los últimos accidentes e incidencias ferroviarias, con pleno respeto a las investigaciones técnicas y judiciales en curso, a que asuma "las responsabilidades políticas que correspondan una vez conocidas las conclusiones de las investigaciones sobre los accidentes ferroviarios, garantizando en todo momento la máxima transparencia y colaboración con los organismos encargados de determinar sus causas".
Otra demanda al Ejecutivo nacional es que revise con carácter urgente la planificación de las inversiones destinadas a la conservación, mantenimiento, renovación y mejora de la infraestructura ferroviaria, garantizando que el incremento del tráfico ferroviario vaya acompañado de "los recursos necesarios para preservar unos niveles adecuados de seguridad, fiabilidad y calidad del servicio".
Además se ha pedido al Gobierno central que elabore y ejecute "un plan extraordinario de mantenimiento y seguridad de la red ferroviaria, con especial atención a aquellos tramos e infraestructuras que presenten mayores niveles de utilización, acumulación de incidencias o necesidades de renovación, estableciendo prioridades objetivas y un calendario concreto de actuaciones".
Asimismo, se le ha demandado "una auditoría externa e independiente de los contratos de obra pública adjudicados por el Ministerio de Transportes y Adif en Andalucía desde 2018, y remitir sus conclusiones" al Parlamento andaluz.
