Peritos de la IGAE: "No cabe duda" de que el interventor general sabía irregularidades de ayudas de los ERE desde 2003

Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de la IGAE
CARLOS MÁRQUEZ - Archivo
Actualizado 16/10/2018 17:08:39 CET

Peritos de las defensas, además, apuntan que debió comunicárselo al interventor en Empleo y éste paralizar el envío de fondos a IFA/IDEA

SEVILLA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos entre los años 2001 y 2010 ha retomado este martes las sesiones, donde los peritos de auxilio judicial pertenecientes a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) han señalado que "no cabe duda" de que el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, uno de los acusados en la causa, sabía que se estaban dando subvenciones de manera "irregular" de manera "cierta" desde 2003.

Y es que a este ejercicio corresponde el informe adicional de Control Financiero Permanente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), que se conoció en 2005, elaborado por la Intervención General de la Junta tras analizar una veintena de expedientes de concesión de subvenciones concedidas y en el que, entre otras conclusiones, se indicaba que se estaban dando ayudas "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".

Además, Ángel Turrión, jefe del equipo pericial de la IGAE, ha indicado que es "claro" que el interventor delegado en la Consejería de Empleo sabe de "manera cierta en algún momento" el sistema que se estaba usando y "no puede negarse" este aspecto, ya que el interventor general, para elaborar el informe adicional, solicitó a la Dirección General de Trabajo una veintena de expedientes para analizarlos y "encontró el sistema que se estaba utilizando".

"Con independencia de que el interventor delegado pudiera tener indicios o sabido que las subvenciones se estaban dando de manera irregular, lo que no cabe duda es que el interventor general lo sabía y supongo que por ello los interventores delegados en Empleo y en IFA/IDEA lo conocían, se comunicarían", ha añadido Turrión.

Precisamente, a este respecto, Juan Zornoza, perito propuesto junto a Miguel Ángel Martínez Lago por parte de la defensa del expresidente de la Junta José Antonio Griñán y el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano, ha asegurado que el interventor general "hubiera debido", al conocer los expedientes, "actuar y comunicar" la situación a la Dirección General de Trabajo y "ponerlo en conocimiento" del interventor delegado, que "hubiese debido paralizar" los expedientes de transferencias de financiación de fondos del programa presupuestario 31L a IFA/IDEA para el pago de las ayudas.

Durante el último bloque del interrogatorio del abogado defensor del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, Turrión ha defendido que el interventor delegado en Empleo fiscalizó de conformidad los expedientes de transferencias de financiación porque "reunían todos los requisitos", si bien para los peritos de las defensas el interventor delegado, al fiscalizar estos expedientes, "debió emitir informe de disconformidad con efectos suspensivos del envío de fondos y por añadido de la concesión de las subvenciones".

Si informó de conformidad, según José Ignacio López, se puede entender que "hizo un juicio positivo" del destino "adecuado" de las transferencias, la materialización de las ayudas por parte de IFA/IDEA, así como que "se puede presumir" que la Dirección General de Trabajo "venía desarrollando su actuación correctamente".

CONCESIÓN DE AYUDAS "POR ARTE DE MAGIA"

Sin embargo, para Turrión cuando el interventor delegado fiscalizaba los expedientes de las transferencias, "cuyo objeto según la ley es la cobertura de pérdidas en el ente público --IFA/IDEA--", lo hacía de conformidad porque "había crédito adecuado y suficiente". "No podía saber si detrás de ese expediente de transferencia de financiación había la concesión de subvenciones por parte de la Dirección General de Trabajo", ha afirmado.

En este sentido, ha afirmado que si el interventor delegado "hubiese conocido las irregularidades" hubiera podido "poner de manifiesto lo que ocurría o pedir explicaciones de cómo era la tramitación de un expediente de transferencia de financiación que luego, por arte de magia, se convertía en la concesión de subvenciones".

Para Zornoza, la fiscalización previa de los expedientes administrativos de concesión de subvenciones era "obligatoria". "No es que no se podía fiscalizar, sino que era obligación del órgano concedente someterlo a fiscalización y que no hubiera crédito --porque era traspasado a IFA/IDEA por las transferencias de financiación-- no es excusa", ha insistido. "No se podía fiscalizar porque no había crédito", ha replicado Turrión.

De otro lado, mientras los peritos de partes han señalado que en los documentos exhibidos, como la memoria justificativa del programa 31L en la Cuenta General y un documento contable de una transferencia de financiación, es "claro, diáfano y evidente" que la Consejería de Empleo concedía las ayudas y el IFA/IDEA pagaba; los peritos de auxilio judicial señalan que "no dicen lo que tenía que decir, que la Consejería concedía e IFA pagaba. Da la impresión de que IFA concedía y pagaba, pues no dice el perverso sistema usado durante diez años y que nos ha traído hasta aquí".

A su juicio, tampoco el convenio marco firmado en 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA para la concesión y pago de las ayudas. "El convenio dejaba claro que se iba a pagar por el IFA, pero lo que nunca pudo saber es que la Dirección General de Trabajo iba a conceder ayudas sin fiscalización previa y menos prescindiendo del procedimiento legalmente establecido", ha precisado.

Para Zornoza y para el resto de peritos de parte, es "inequívoco" que con el convenio marco se conoce que la Dirección General "concede" y que IFA "pagaba".

"INDEFENSIÓN" DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO

Por otro lado, el abogado de Antonio Fernández ha vuelto a preguntar por el informe adicional de 2003 y por el hecho de que el definitivo recogiera elementos que estaban contemplados en el provisional, al que presentó alegaciones la Consejería de Empleo.

Al hilo de esto, Turrión ha considerado "excesivo" hablar de "nulidad o invalidez" del informe definitivo por este hecho, "máxime cuando esos elementos añadidos completaban las conclusiones recogidas en el informe provisional".

Por contra, para López "el vicio es de invalidez, no de nulidad, y la consecuencia sería retrotraer las actuaciones para que la Consejería de Empleo pudiera alegar de nuevo al informe definitivo". Por este hecho, según López, se incurre en "indefensión" para la Consejería, lo que provocaría la invalidez del informe definitivo, pero "depende del uso del informe definitivo". "Si como se pretende hacer --del informe adicional definitivo-- la prueba determinante de la realidad jurídica nos enfrentamos a la vulneración de la presunción de inocencia y que no se respeten las garantías constitucionales", ha advertido.

Por último, este martes, cuando se ha abierto la sexta semana de la prueba pericial, el tribunal, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ha aclarado que debido a la dilación de esta prueba se han añadido sesiones de mañana todos los días de esta semana y la próxima y sesiones de tarde los martes y los jueves, aunque inicialmente se apuntara a martes y miércoles.