PP defiende la inocencia de la número 8 de la lista de Torres Hurtado imputada por falsedad

GRANADA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Granada ha restado importancia a la imputación por un delito de falsificación de certificados de Cristina Almagro, número 8 de la lista con la que este partido concurrirá a las elecciones municipales en la capital, y ha anunciado que la mantendrá en la candidatura porque está "seguro" de su inocencia.

"Conocíamos la imputación de Cristina Almagro --antes de incluirla en la lista--, es un delito al que no le damos más importancia y el partido la apoya", ha garantizado a preguntas de los periodistas el coordinador de campaña del PP en la capital, Juan Antonio Fuentes, durante una visita de barrio.

Según ha relatado, el partido "está tranquilo" y considera que ha actuado "como debía" tanto en el caso de Almagro, que será enjuiciada el 6 de junio, como en el de María del Carmen López. Esta última ha renunciado este lunes a ser el número 15 de la candidatura 'popular' tras hacerse público que ha sido militante del PSOE "durante dos años" y no se dio de baja de este partido hace menos de dos semanas.

Así las cosas, Almagro conservará su puesto en la lista, mientras que aún "no hay fecha" para que el Comité Electoral escoja, a propuesta de los órganos colegiados del partido, al sustituto de López, previsiblemente una mujer para mantener la paridad.

"Seguiremos trabajando por los granadinos y por esta candidatura que creo que va a llegar a buen puerto" para que el PP "siga gobernando los próximos años", ha dicho Fuentes que se ha mostrado "sorprendido" por la expectación que ha despertado este caso a pesar de tratarse de un "delito menor" frente a la imputación del candidato del PSOE a la Alcaldía de Granada, Francisco Cuenca, por "intentar comprar voluntades usando su cargo".

Almagro será enjuiciada el 6 de junio en el Juzgado de lo Penal 2 de Granada por supuestamente falsificar certificados para convertirse en presidenta de la Asociación de Vecinos del Albaicín.

La Fiscalía de Granada le atribuye a ella y al que fuera secretario de la asociación, Antonio Fernández Lupión, un delito de falsificación de certificados, por el que ambos se enfrentan a 3.600 euros de multa, pena que la acusación particular, que ejerce un vecino del barrio, eleva a los 18 meses de cárcel y multa de 18 meses.