Construcción de vivienda - JUNTA DE ANDALUCÍA
SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PP-A defenderá el jueves una proposición no de ley en el Pleno del Parlamento en la que se demanda el rechazo de la institución a la política de vivienda del Gobierno central, al que además se exige que ponga a disposición de la Junta y de los entes locales los suelos y bienes inmuebles de titularidad estatal que resulten aptos para la promoción residencial.
En la iniciativa se pide el reconocimiento del Parlamento a las "adecuadas reformas normativas en materia de vivienda" desarrolladas por la Junta, orientadas a incrementar la disponibilidad de suelo residencial, agilizar la planificación y gestión urbanística, simplificar los procedimientos administrativos, facilitar la promoción pública y privada de vivienda protegida, mejorar el acceso de los andaluces a una vivienda digna y asequible, y aliviar la presión fiscal sobre la vivienda mediante las sucesivas bajadas de impuestos.
Se insta a la Junta a continuar desarrollando estas reformas, movilizando el patrimonio público de suelo y vivienda de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía y impulsando nuevas promociones de vivienda protegida en venta y alquiler, frente "al modelo frentista del Gobierno de España que solo demoniza la promoción privada, la propiedad de los españoles, el ahorro a futuro y el derecho sinalagmático de las partes en los contratos de arrendamiento, facilitando la inseguridad jurídica".
Se plantea el rechazo de la Cámara andaluza a la política legislativa y fiscal del Gobierno de España en materia de vivienda que, por sus "efectos sobre la seguridad jurídica de los propietarios, la rentabilidad de las inversiones y la estabilidad de las relaciones arrendaticias, puede desincentivar la promoción de nuevas viviendas y la incorporación de inmuebles al mercado del alquiler residencial", como las nuevas "restricciones" incorporadas por los reales decretos aprobados recientemente.
En la iniciativa, el PP-A reclama reforzar la "colaboración público-privada como instrumento esencial para incrementar el parque de vivienda protegida y asequible, mediante la movilización de suelo público y privado".
Se pide el rechazo del Parlamento a que "las obligaciones impuestas por la legislación estatal en materia de vivienda se traduzcan en una transferencia desproporcionada de sus costes y riesgos económicos a los propietarios particulares, a los promotores de vivienda protegida y a las haciendas de la comunidad autónoma y de las entidades locales, sin garantizar una financiación estatal suficiente ni mecanismos efectivos de compensación".
El PP-A insta al Gobierno central en la iniciativa a que revise la legislación estatal en materia de vivienda y arrendamientos urbanos "para reforzar la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria y las garantías frente al impago y la ocupación ilegal, evaluando los efectos de las restricciones sobre la oferta de alquiler residencial", y a que recupere incentivos fiscales generales en el IRPF para los propietarios que incorporen viviendas al arrendamiento habitual a precios asequibles.
Otra demanda al Ejecutivo nacional es que modifique el régimen de financiación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, "suprimiendo la exigencia de cofinanciación autonómica del 40 por ciento establecida para los ejercicios 2027 a 2030 como condición de las transferencias estatales, garantizando una distribución territorial objetiva, suficiente y transparente de los recursos, sin supeditar el acceso ordinario a la financiación estatal a la declaración de zonas de mercado residencial tensionado", respetando las competencias propias de Andalucía en materia de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio, y permitiendo que la comunidad determine las actuaciones prioritarias en función de sus necesidades residenciales.
Se pide también al Gobierno nacional que "incremente y estabilice la financiación del Bono Alquiler Joven, con dotación plurianual suficiente para atender las solicitudes que cumplan los requisitos"; que amplíe los instrumentos de ayuda a la emancipación, y que extienda hasta los menores de 40 años y a las familias numerosas y monoparentales los programas de avales públicos del Instituto de Crédito Oficial para la adquisición de la primera vivienda, prorrogando su vigencia más allá de 2027 y garantizando su compatibilidad con los instrumentos de garantía desarrollados por la Junta.
Se pide al Gobierno que ponga a disposición de la comunidad autónoma y de las entidades locales los suelos y bienes inmuebles de titularidad estatal que resulten aptos para la promoción residencial, mediante cesión, derecho de superficie, convenio o cualesquiera otros instrumentos jurídicos procedentes, incluyendo los pertenecientes o adscritos al Ministerio de Defensa, Adif, las autoridades portuarias, la Sareb y la entidad estatal de vivienda Casa 47, y que concrete, mediante una programación territorializada, el número de de viviendas, los municipios, los recursos comprometidos y los calendarios efectivos de las actuaciones estatales previstas en Andalucía.
Se solicita además al Ejecutivo nacional impulsar un Pacto Nacional por la Vivienda que, desde el respeto al marco constitucional de distribución de de competencias, establezca compromisos verificables de incremento de la oferta residencial, programación de suelo, financiación plurianual, seguridad jurídica y protección de los colectivos vulnerables, contando con la participación efectiva de las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los promotores públicos y privados, las entidades financieras y los agentes económicos y sociales.
