Presidente de la CEA no vería "buena noticia" obligar a empresas a atender en catalán por el "coste" que les supondría

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha opinado este miércoles que no sería "una buena noticia" que desde el Gobierno se obligara a grandes empresas españolas a atender en lenguas distintas al castellano como el catalán, por el "coste" económico que les acarrearía, lo que, además, iría "en detrimento" de sus trabajadores.

El también vicepresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de España (CEOE) se ha pronunciado así, en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, preguntado por la reforma legal que Junts anunció este pasado martes que había pactado con el Gobierno para que los servicios de atención al cliente tengan que ofrecer la posibilidad de hablar en catalán a los consumidores que hayan adquirido sus servicios en Cataluña, con independencia de que la sede de la empresa esté o no en esa comunidad autónoma.

En concreto, la formación independentista explicó que la previsión es que esta medida se aplique en empresas de más de 250 trabajadores, que facturen más de 50 millones de euros anuales o que presten servicios básicos de interés general.

El presidente de la patronal andaluza ha reconocido que "no sabemos aún el alcance de la medida", pero ha avanzado su opinión de que "no es una buena noticia", tras lo que ha criticado que se está "gobernando permanentemente con más y más cargas para las empresas, en línea contraria con lo que marca la propia Unión Europea, que es agilizar, simplificar".

En esa línea, González de Lara ha lamentado que "todo se hace a costa de las empresas en este país", y "últimamente la política es 'págalo tú', porque eso tiene un coste, y al final si obligas a las empresas a tener que utilizar lenguas que son distintas al castellano, pues bueno, es una medida estupenda de cara a la galería, pero en mi opinión difícil de cuantificar económicamente, pero que va a tener un coste real para las empresas", ha abundado.

Ha puntualizado que "puede tener su razón" de ser que una medida así se aplique, como de hecho ya se presta --ha apostillado--, en empresas "de servicios financieros que tengan su sede social en Cataluña", pero entiende que "no tiene demasiada comprensión" en otros casos, tras lo que ha insistido en señalar que habría que "cuantificar no sólo el alcance de la misma, sino también económicamente lo que va a suponer".

El presidente de los empresarios andaluces ha incidido en criticar que iniciativas como esa, o la de la reducción de jornada laboral a un máximo de 37 horas y media semanales como plantea el Gobierno, "se hace a costa de las empresas", aunque "de cara a la galería quedas muy bien" promoviéndolas, porque habría que preguntarse, ha añadido, "quién no quiere trabajar menos ganando lo mismo", pero "la pregunta" que hay que hacerse es "quién lo paga", ha apostillado.

Tras subrayar que la reducción de jornada tendría "un coste superior a los 32.000 millones de euros que se ha evitado" al no salir por ahora adelante la iniciativa en las Cortes Generales, "lo cual no es moco de pavo", el presidente de la CEA ha concluido subrayando que todo ello "lo pagan las empresas y eso, al final, va en detrimento de los propios trabajadores y de la competitividad del país, porque las empresas son las que crean empleo", según ha resaltado para finalizar.