El presidente del TSJA ve "inconciliable" una posible huelga de los jueces por su condición de "Poder de Estado"

Actualizado: jueves, 1 octubre 2009 21:16

Para Méndez de Lugo, los "agujeros negros" de la justicia son su esquema organizativo y la "inadecuada" demarcación y planta judicial

GRANADA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, advirtió hoy de que la condición de "Poder de Estado" que corresponde a los jueces y magistrados es "inconciliable" con el "pretendido" derecho a la huelga, en alusión a la protesta convocada para el próximo 8 de octubre.

En la apertura del año judicial en Andalucía, en la sede del Alto Tribunal Andaluz, en Granada, Méndez de Lugo, insistió en ese sentido en que el juez es "Estado" y no un "cualificado funcionario". "No se puede abdicar de esta responsabilidad, ni tan siquiera transitoriamente y por más que parezca justa la causa por la que se haga", mantuvo el presidente, para quien estrategias como la huelga "deben quedar fuera de toda consideración", máxime "cuando se ha iniciado una esperanzadora andadura con un compromiso firme de cambio".

Asimismo, calificó de "insólitos" los paros que secundaron jueces y magistrados el pasado 18 de febrero, una protesta "no exenta de fuertes dosis de surrealismo institucional" y prueba "inequívoca" a su entender de los "riesgos" para han supuesto la "falta de liderazgo sólido".

En ese sentido se congratuló de que se haya producido la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "hasta entonces incapaz de liderar los urgentes cambios que necesita la Administración de Justicia", superando la "división" que llegaron a sumir a la institución en la "parálisis".

"Afortunadamente, la situación de no retorno que supusieron estos acontecimientos fue adecuadamente leída, no sólo por el Consejo General del Poder Judicial, sino también por el Gobierno de la Nación" expresó en su discurso Méndez de Lugo, que fue especialmente duro con la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), convocante de los paros.

"Creo que se han puesto las bases para retomar el liderazgo del poder judicial entendido como Poder de Estado que, como es evidente, sólo puede corresponder al CGPJ y no a ninguna asociación u organización que, por legítima que se su actuación en defensa de interese profesionales, no goza de la legitimidad propia de este órgano constitucional", dijo.

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA

Méndez de Lugo hizo constantes referencias en su intervención al Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia aprobado el pasado 18 de septiembre por el Consejo de Ministros, que propone unas "metas realistas" que pueden ser alcanzadas "en un plazo no superior a tres años" y que identifica como ejes de actuación lo que calificó como los "principales agujeros negros" de la Administración de Justicia: su esquema organizativo, y la "inadecuada" demarcación y planta judicial.

Al hilo, volvió a incidir, como ya hiciera en años anteriores, en que el sistema organizativo judicial fue concebido en el siglo XIX, una estructura "antigua e ineficaz" que ha impedido que los medios y recursos de los que se ha dotado a la justicia en los últimos años "no hayan dado de sí lo esperado".

Por esa razón mostró su pleno respaldo a los programas de actuación propuestos: la nueva demarcación y planta judicial, de naturaleza normativa, y los que se denomina la reingeniería de la organización judicial. En este sentido, Méndez de Lugo abogó además por la "sosteniblidad" y la "eficiencia" de los recursos, máxime teniendo en cuenta "la gran crisis económica que estamos atravesando".

De igual forma, apostó por un aumento de la ratio de jueces por población, pero con una "contención clara" de los costes de estructura burocrática, y una profesionalización "absoluta" de jueces y magistrados "reduciendo a la mínima expresión" la interinidad. "Hay que optar por estructuras organizativas más amplias que los tradicionales juzgados unipersonales, con mayor ámbito territorial que los actuales partidos judiciales y dotadas de recursos", mantuvo el presidente, que consideró además necesario un "amplio pacto político".

CRISIS Y ESFUERZO PRESUPUESTARIO

También el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, se refirió en su discurso a la actual coyuntura económica y reconoció el "esfuerzo presupuestario" anunciado por el Estado, que "debe ser valorado por todos los operadores jurídicos de manera tan positiva como esperanzadora".

En este punto, hizo sin embargo hincapié ese esfuerzo "tiene que venir acompañado de una serie de reformas legislativas que son igualmente inaplazables". "De no ser así y hablando con franqueza, podemos temer que todo el esfuerzo resulte inútil y que no hagamos más que apuntalar un viejo sistema que no puede atender adecuadamente las exigencias de nuestro tiempo".

Así, aunque, como en otras ocasiones, apostó por una reforma procesal, incidió en la necesidad de acometer más cambios, y puso como ejemplo debatir si es correcto o no descargar total o parcialmente la jurisdicción penal de la celebración de un "enorme número" de juicios de faltas que comportan "una pesada carga" para el sistema judicial y "que podrían configurarse como simples contravenciones sometidas al régimen administrativo sancionador y, en su caso, al oportuno control jurisdiccional".

En momentos de crisis y dificultad, añadió, la Justicia "tiene un serio incremento de responsabilidad", por lo que, a su entender, la lucha imparcial contra el fraude y la corrupción debe convertirse para los fiscales andaluces "en una continua prioridad". "Este esfuerzo se configura como una fórmula para la corrección de algunas desigualdades sociales y para incrementar la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho".

García Calderón insistió en que el incremento de algunas formas "muy graves" de criminalidad, como la inmobiliaria o distintas formas de fraude, "nos sitúa ante una realidad cambiante y engañosa que debemos observar con atención y decencia para actuar con el rigor adecuado, coordinar nuestro esfuerzo con los órganos jurisdiccionales y evitar una merma excesiva en los derechos de trabajadores y ciudadanos".