PSOE-A señala que Junta "reconoce" el menoscabo en contratos del SAS buscando ser responsable civil cuando decía "bulo"

SEVILLA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria socialista Alicia Murillo ha recriminado este jueves al Gobierno andaluz su actitud respecto a la instrucción judicial de la adjudicación de contratos por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia y pospandemia de coronavirus, que se sigue en dos juzgados de Instrucción de Sevilla y Cádiz, por cuanto ha afirmado que "donde ustedes decían que había un bulo, ahora reconocen que hay menoscabo de fondos públicos".

Murillo ha sostenido ese argumento en una pregunta del Grupo Socialista a la consejera Carolina España en la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Parlamento de Andalucía tomando como referencia el comportamiento procesal de la Junta de Andalucía en las diligencias previas que se abordan en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, que investiga la adjudicación provincial del SAS de 285 millones de euros en contratos tras una denuncia de Podemos Andalucía.

La diputada socialista se ha referido a que la representación letrada del SAS pasó en el plazo de una semana de plantear a la titular del Juzgado, Rosa María García Jover, que la reconociera como perjudicada, rol procesal a la que la jueza accedió, para seguidamente solicitar su calificación como responsable civil subsidiaria.

Murillo, quien ha afirmado que la Consejería que gestiona Carolina España "es la columna vertebral del Gobierno andaluz" por el hecho de que es la responsable de "la organización, los ingresos, los gastos, la contratación, la intervención y el control de los fondos públicos", ha apuntado ese cambio en el papel procesal de la Junta que "ha reconocido por escrito que ha habido un menoscabo de los fondos públicos" y seguidamente le ha planteado "de qué cantidad están ustedes hablando".

"Fíjese cómo han ido ustedes cambiando el relato en esto de los contratos de emergencia y los contratos fraccionados", ha proseguido argumentando la diputada socialista, quien ha esgrimido unas declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cuando afirmó que "es falso que el SAS haya adjudicado 458 millones de euros en fraude de ley" y que después pasó a decir que "esto era un montaje del Partido Socialista, que era una causa fake".

Ha recordado el cese en enero de la Interventora General de la Junta de Andalucía, María Antonia González Pavón, a la que ha situado como "responsable de los informes que denunciaban el fraccionamiento de los contratos" y que en febrero "cesan al director económico del SAS", José Antonio Miranda, antes de indicar que en la causa que sigue en el Juzgado de Cádiz "han intentado por dos veces acceder a la personación y, como no han pedido, se hacen ahora responsable civil subsidiario", figura procesal que ha situado como que "asumen, por tanto, que ha habido menoscabo" en el fraccionamiento de contratos.

Tras apuntar que "estamos hablando de un supuesto delito de malversación en la concesión de 235 millones de euros en cientos de contratos menores troceados en la provincia de Cádiz en el año 21", le ha planteado a Carolina España si "estarían ustedes dispuestos a abrir una comisión de investigación en sede parlamentaria", antes de recordar que "los interventores avisaron de más de 1.000 millones de euros en contratos fraccionados dentro del Servicio Andaluz de Salud".

"Lo único que están demostrando es que la sanidad para ustedes es un negocio", ha remachado su intervención.

CONSEJERA ESPAÑA: "APORTAR INFORMACIÓN Y COLABORAR CON LA JUSTICIA"

La consejera Carolina España Ha asegurado que esa personación como "responsable civil subsidiario" en las diligencias previas del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz responde al propósito del Gobierno andaluz de "aportar información, colaborar con la justicia y tener acceso a toda la información", mientras que ha sostenido que "este Gobierno respeta la justicia" cuando el PSOE "no puede decir lo mismo", antes de reafirmarse en que "no presionamos a nadie".

"No lanzamos ataques ni contra los jueces, ni contra los fiscales, ni contra la sentencia, ni contra la presunción de inocencia", ha asegurado la también portavoz del Gobierno andaluz, que ha situado esa diferente comportamiento hacia la actividad judicial como "la diferencia entre ustedes y nosotros" y por ello la idea de la Junta de Andalucía es "dejar trabajar a los jueces" y ha augurado que "seguramente nos irá bien".

Ha reivindicado sobre el control interno de los fondos públicos la creación de una Dirección General de Contratación y de una Oficina de coordinación de fondos públicos, además de que "hemos reforzado la Intervención y hemos digitalizado los procesos" y de la creación de los cuerpos superiores y técnico de Intervención y de Auditoría, iniciativas a las que ha sumado la Oficina Andaluza contra el fraude y la corrupción, puesta en marcha la pasada legislatura.