Los rectores avisan de que la Ley de Universidad de Andalucía está en el "límite de lo inconstitucional"

SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva, ha advertido este lunes de que la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) está "en el límite de la inconstitucionalidad. Bordea en algunos artículos la constitucionalidad --ha remarcado--" y ha reclamado "financiación para hacerla realidad" ya que obliga a implantar cuestiones, como la acreditación de un B2, que requieren de un "programa muy potente de becas". El grupo parlamentario del PP ha recordado, por su parte, los informes jurídicos de la Junta y el aval del Consejo Consultivo a la nueva Ley.

En su intervención en la comisión parlamentaria sobre la LUPA, el también rector de la Pablo de Olavide ha lamentado que el texto que ha llegado a la Cámara andaluza "difiere en aspectos sustantivos" al que se analizó hace un año por los rectores y que recibió el visto bueno de estos. Los rectores del sistema público andaluz consideran que la Ley ahora en trámite supone "una injerencia política" y ponen "en entredicho su legalidad" al "invadir la autonomía universitaria consagrada en la Constitución" y al "vulnerar" artículos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). No obstante, aclaran que "no lo vamos a poder recurrir pero teníamos que decirlo".

Oliva, que ha reconocido la "preocupación" de los rectores y el "deseo de que se tengan en cuenta las consideraciones" hechas en la comisión, ha llamado la atención, por ejemplo, sobre la "flagrante restricción" a las universidades a la hora de su organización interna en materia de contratación, con una revisión semestral del personal sustituto. Una "injerencia injusticada", según la AUPA. Sobre contratación, de hecho, apuntan incluso a que "el Estado es el único con competencias en legislación laboral".

Sobre las "nuevas figuras" que se recogen en el texto andaluz, Oliva ha sostenido que "las modalidades" están recogidas en la LOSU, por lo que categorías como la del profesor singular invitado "por claridad, debería suprimirse porque no añade nada especial" con respecto a lo que ha existe. En cuanto al profesor emérito, ha recordado que la LOSU establece que los requisitos los fija cada universidad. Lo de la LUPA es "un error técnico de competencias", ha confiado el presidente de AUPA.

Sobre el hecho de que la oferta de plazas de profesorado tiene que ser aprobada por la Junta de Andalucía, "la LOSU es clara: es competencia de las universidades". "Es preocupante que se hayan añadido cosas que afectan claramente a la autonomía universitaria y que son una vulneración de la LOSU". Sobre las becas de internacionalización, los rectores reclaman que se deje por escrito que serán "exclusivamente para los estudiantes de la pública"; consideran "excesivo" que el número de miembros del Consejo Social que nombrará la Junta sean nueve, lo que "puede comprometer la independencia del órgano"; y exigen que las universidades de nueva creación se adapten a la nueva normativa "desde un principio", no que cuenten con un año para adaptarse a la misma.

Sobre la obligación de que haya un interventor externo en cada universidad --hace un año se planteó que fuera facultativo--, "no sabemos a qué obedece este enigmático cambio. No comprendemos su inclusión", máxime, ha puntualizado Francisco Oliva, cuando "todos los años nos fiscaliza la Cámara de Cuentas". "No hay institución más vigilada y fiscalizada que las universidades", ha subrayado. "Carece de sentido y va a burocratizar y ralentizar aún más la gestión". El parlamentario 'popular' José Carlos García ha tomado la palabra para recordar que la Ley tiene el aval de los servicios jurídicos autonómicos y del Consejo Consultivo y ha defendido la figura del interventor "ante lo que ha pasado en la Universidad de Málaga". "Cuatro ojos ven más que dos".

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía defiende que la LUPA "actualiza el sistema universitario con una Ley moderna, útil y pensada para los próximos 15 años" y que con ella "se sitúa a las universidades en una nueva etapa de autonomía, calidad y proyección internacional". "Es una ley para atraer y retener talento, impulsar la innovación y reforzar los derechos del estudiantado. El sistema universitario andaluz necesitaba una actualización profunda, y esta ley lo hace desde el diálogo y el futuro".

La LUPA "consagra", en palabras de la Consejería, el modelo de financiación 2023-2027 acordado con las universidades públicas que, "por primera vez, establece una senda de crecimiento sostenido con el objetivo de alcanzar el 1% del PIB andaluz para la universidad pública". "Se da respuesta a una demanda histórica de las universidades públicas andaluzas, saldando una deuda que lastraba la excelencia del sistema universitario y permitiéndoles por primera vez planificar sus inversiones con cargo a los remanentes no afectados", concluye.