Sanz pide de nuevo "explicaciones" al PSOE de Sevilla por Natalia Buzón y la Faffe y reclama más policías nacionales

Dice que sigue "a la espera de que el ministro Marlaska tenga un hueco en su agenda para una reunión"

SEVILLA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde hispalense, el popular José Luis Sanz, ha pedido de nuevo este martes "explicaciones" al PSOE tras publicar ABC que la edil socialista Natalia Buzón figuraría en el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre contrataciones en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de forma discrecional, al margen del procedimiento legalmente establecido y, según la investigación judicial, en algunos casos como "contraprestación por la realización de actos que habrían favorecido determinados intereses políticos o personales".

En unas declaraciones difundidas por el Consistorio, Sanz ha recordado que el PP ha decidido solicitar la comparecencia plenaria de la concejala, reclamando además de nuevo "explicaciones" al PSOE, porque si él fuese militante o dirigente de ese partido, según ha planteado hipotéticamente, estaría "avergonzado o escondido", con lo que a su entender el PSOE "debería explicar o convencer de que ese fango que sale de las cloacas de la Moncloa a diario no llega al PSOE de Sevilla". "Sigo esperando explicaciones del PSOE de Sevilla", ha remarcado.

Sanz ha hecho también un llamamiento a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, "que es quien tiene la competencia en materia de seguridad ciudadana", porque en la capital hispalense "faltan casi 400 policía nacionales"; en el marco del último asesinato en el Polígono Sur este martes y los nuevo apedreamientos a los autobuses que habían devuelto a la normalidad sus recorridos --y han durado menos de 24 horas--. "Se trata de una competencia del Ministerio del Interior", ha dicho señañando que sigue "a la espera de que el ministro Marlaska tenga un hueco en su agenda para una reunión".

Finalmente, han insistido en que con estos sucesos "de nuevo se pudo comprobar que la situación de seguridad no ha mejorado en puntos concretos y desgraciadamente, quien tiene las competencias en materia de seguridad ciudadana no hace su trabajo".

LA NUEVA CAUSA DE LA FAFFE

El pasado 29 de enero, el juez del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, dictaba un auto en el que acordaba citar como investigadas a 21 personas en una causa relacionada con la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, por presunta malversación en la contratación de empresas y personal, figurando entre estas personas el ex director general técnico de la entidad Fernando Villén, ya condenado por sus pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la citada entidad pública; su hermano Manuel, exdirector de Administraciones Públicas de la entidad; la ex directora económico-financiera Ana Valls o C.L.V. como otrora directora de Garantías Institucionales de la Faffe.

Según el auto del juez, la Faffe habría llevado a cabo "licitaciones y adjudicaciones de contratos en favor de distintos proveedores al margen de la disciplina y de la legalidad administrativa y financiera aplicable, principalmente, en el curso de los ejercicios -al menos- 2008, 2009 y 2010; acudiendo de forma arbitraria e injustificada a procedimientos simplificados y directos, que en realidad serían de uso y utilización excepcional en cuanto suponen una quiebra de los principios de libertad de acceso a las licitaciones y de publicidad; obstaculizando así la libre concurrencia y competencia entre contratistas y convirtiéndolos en procedimientos de contratación administrativa opacos, en favor de determinados adjudicatarios".

LAS SUBVENCIONES

Ante ello, el magistrado acordaba librar oficio a la Dirección General del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que emita un informe sobre "relación y número de las subvenciones concedidas por el SAE a la Faffe" desde 2007 hasta su extinción/liquidación en 2011; "relación y número de los expedientes de reintegro y/o de revisión de oficio, en su caso, iniciados y/o tramitados en relación a tales subvenciones, con indicación expresa de las deficiencias e irregularidades apreciadas en tales expedientes", así como "relación, número y cuantificación de las deudas por reintegro de la Faffe que, en su caso, se entendieran extinguidas al ser absorbida dicha Fundación, tras su liquidación, por el SAE".

Asimismo, el juez pedía librar oficio a la Dirección General del SAE y a la Tesorería General de la Seguridad Social para que facilitase a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil una serie de documentación e información relacionada con la contratación por parte de la Faffe de diez personas concretas.

El instructor explica en el auto que, de lo actuado, "se deducen indicios delictivos que guardan relación con la posible perpetración de delitos de prevaricación administrativa y malversación vinculados, en esencia, con diversas -pero conexas- conductas desarrolladas en el seno de la Faffe en relación a la contratación de proveedores de servicios, personal y justificación de concesiones".

Tras precisar que, según el análisis realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el importe total de los contratos indiciariamente irregulares alcanzaría la cuantía de 9.465.332 euros, el juez alude igualmente a "la existencia de irregularidades en la justificación de subvenciones que la Faffe percibía, fundamentalmente de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)", y ello "en íntima conexión con las irregularidades en la contratación anteriormente descritas, pues la mayor parte de estas ilicitudes en la justificación de las subvenciones se articularían mediante contrataciones ficticias que permitirían realizar imputaciones de gasto -por servicios no prestados, desde luego -al menos-, en el marco de la correspondiente subvención- a las mismas".

"IRREGULARIDADES" EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL

De igual modo, el instructor hace mención en el auto a la existencia de "serios indicios de la irregular contratación de personal por parte de la Faffe; de modo que se habría detectado la posible injustificada -sin observar procedimiento alguno ni respetar las exigencias legales para la contratación- contratación de, al menos, 84 personas", una contratación que habría sido realizada "con omisión de los principios de publicidad y libre concurrencia, sin procedimiento ni convocatoria de ningún tipo ni observancia de los principios de mérito y capacidad, así como el ilícito mantenimiento del personal así contratado en distintos puestos de trabajo, creados y atribuidos ad hoc para justificar y proporcionar la ilícita prestación de servicios laborales -con el consiguiente cobro de emolumentos y prestaciones- por parte de aquéllos".

"La investigación policial hasta la fecha practicada y aportada a los autos permite colegir que, por parte de los responsables de la Faffe, se habría procedido a la contratación de determinado personal -bien directamente, bien a través de personas subcontratadas-, de forma discrecional y al margen del procedimiento legalmente establecido, es decir, sin tener en cuenta los principios de publicidad, objetividad, igualdad, mérito y capacidad", según asevera el juez, que agrega que, "igualmente, esta contratación habría podido responder a contraprestaciones por la realización de actos que habrían favorecido determinados intereses políticos o personales", a lo que se suma que "determinado personal podría no contar con la cualificación necesaria".