Publicado 02/03/2019 10:59CET

La Seguridad Social se persona como acusación en la causa que investiga las ayudas a Ángel Ojeda

El exconsejero Ángel Ojeda tras su declaración judicial
EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Tesorería General de la Seguridad Social se ha personado como acusación en la pieza separada por las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta que investiga los 33 millones que recibieron las empresas del Grupo Prescal, pertenecientes al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación.

Así, en un escrito presentado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga esta causa, el letrado de la Administración de la Seguridad Social, en nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, solicita personarse como acusación en el citado procedimiento, ejercitando las acciones penales y civiles correspondientes.

En el citado escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la Tesorería General de la Seguridad Social señala que de los diligencias abiertas contra Ángel Ojeda por presuntos delitos de fraude de subvenciones, estafa y falsedad documental y de los hechos denunciados "se desprende un perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social".

En una reciente providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, da por personado y parte al letrado de la Administración de la Seguridad Social en nombre de la Tesorería General.

Cabe recordar que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional constata, en su último informe, que la mercantil Servicios Docentes Profesionales (Serpro), "una pieza más del Grupo Prescal, ideada por el exconsejero de Hacienda y sus colaboradores", fue creada "única y exclusivamente para desviar o apropiarse ilícitamente de parte de los fondos concedidos en subvenciones para formación" por parte de la Junta de Andalucía.

El citado informe, al que ha tenido acceso Europa Press, es ampliatorio de los anteriormente emitidos por la Policía Nacional en la causa y en el mismo la UDEF concluye que se ha constatado que Serpro "fue creada única y exclusivamente para desviar o apropiarse ilícitamente de parte de los fondos concedidos en subvenciones para formación".

"MÉTODO DE LA CONTRAFACTURACIÓN"

Se ha demostrado lo largo de la investigación, que por el método de la "contrafacturación" a los docentes "por servicios ficticios", la organización que "dirige y controla" Ojeda, como señalaba la UDEF en otros informes, "conseguía desviar ilícitamente alrededor del 50 por ciento".

En este citado informe se recogen las facturas emitidas por los docentes por sus servicios y las contrafacturas a los mismos por parte de Serpro, todo ello correspondientes a los expedientes de la convocatoria del 2010, y a los cursos que se fueron ejecutando entre en ejercicio 2011 y el primer semestre de 2012. La cuantía total facturada por los docentes a las diversas entidades del Grupo Prescal asciende a 6.105.057,60 euros, siendo el total de la contrafacturas emitidas por Serpro de 2.993.175,90 euros, "el 49,03 por ciento del total".

Según los datos de facturación de Serpro a los docentes en el periodo comprendido entre los meses de julio a septiembre de 2012, la "contrafacturación" supuso al grupo unos ingresos de un total de 625.361,83 euros. Por todo ello, para la UDEF queda "ratificado las ilícitas operaciones del grupo, el engaño a los docentes en sus condiciones de trabajo, el fraude a la Hacienda Pública", pudiéndose además "cuantificar" que la organización de Ojeda, desde marzo de 2011 hasta septiembre de 2012, "sustrajo de las partidas correspondientes al pago de los docentes la cantidad de 3.618.537,73 euros a los propios docentes".

La filtración de este informe a los medios fue objeto de denuncia por parte de la defensa de Ojeda ante el Juzgado Instrucción número 6 de Sevilla, que pidió que se investigara. En concreto, el abogado del exconsejero andaluz denunció la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por la filtración del citado informe, toda vez que dos medios de comunicación habían informado antes de tener acceso al informe las partes sobre el mismo.