GRANADA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Granada ha mantenido hoy su petición de cinco años de prisión, once de inhabilitación y multa de 18.000 euros para el alcalde de Atarfe, Víctor Sánchez (PSOE), por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y otro de prevaricación ambiental por los vertidos "incontrolados" e "ilegales" de aguas residuales que afectaron a la urbanización Llanos de Silva de 2001 a 2007 por el "abandono" del mantenimiento de la depuradora.
Para el representante de la empresa promotora que construyó las viviendas, R.P.B., también ha sostenido el Ministerio Público su acusación inicial de un delito contra los recursos naturales, por el que se enfrenta, a tres años de cárcel e inhabilitación y la misma multa, si bien ha retirado los cargos contra el entonces presidente de la Asociación de Vecinos y el consejero delegado de la empresa que gestionaba un colegio del entorno que también se enganchó a la depuradora de la urbanización.
En la última sesión de la vista en el Juzgado de lo Penal 1 de Granada, a la que hoy finalmente no ha asistido Sánchez, que está de baja desde mayo, la fiscal consideró que la contaminación provocada por los vertidos fue "constante" aunque "variable". Las infiltraciones generaron además un "riesgo" para el medioambiente, que podría haber derivado en problema ecológico, y para las personas, puesto que alcanzaron al pantano de Cubillas, que abastece a municipios del área metropolitana de Granada.
Asimismo, los vecinos de la urbanización y la comunidad educativa del colegio cercano, el Granada College, tuvieron que soportar unos "malos olores" que "empeoraron en cualquier caso su calidad de vida". En su exposición de informes, la Fiscalía aludió además al informe elaborado por los técnicos del Instituto Nacional de Toxicología, que concluyeron que el agua residual analizada excedía en "el doble" el límite de lo legalmente establecido.
De los hechos es responsable penalmente, según entiende el Ministerio Público, el primer edil atarfeño porque "conocía perfectamente" las quejas que habían elevado por escrito los vecinos de Llanos de Silva y "no hizo uso en ningún momento de sus obligaciones", recogidas en la normativa vigente al respecto. "El alcalde conocía y consentía el deficiente funcionamiento de la depuradora, incumpliendo así sus funciones como garante", indicó la fiscal.
Aunque la Fiscalía reconoce, según dijo, que era una entidad de conservación la que se tendría que haber encargado del mantenimiento de la depuradora, "lo cierto es que no llegó a constituirse nunca", con lo que era la promotora la que "debía de hacerse cargo" de esa tarea, por lo que se acusa también a su representante.
"PERJUICIO PARA LOS SISTEMAS NATURALES Y SALUD DE LAS PERSONAS"
Según consta en el escrito de acusación pública, al que tuvo acceso Europa Press, al menos desde el año 2001 y hasta 2007, se produjeron "de forma constante e ininterrumpida vertidos de agua residual incontrolados" debido al "abandono" de las instalaciones de depuración de la urbanización Llanos de Silva, situación que generó "una posibilidad de grave perjuicio para los sistemas naturales y la salud de las personas".
La falta de mantenimiento de la depuradora, el impago de los costes del suministro de energía eléctrica, así como la decisión del alcalde en 2000 de conectar a la depuradora el saneamiento de aguas residuales de un centro educativo del entorno, llevó a que la depuradora dejara de funcionar. Fue entonces cuando la Asociación de Vecinos presentó repetidos escritos de queja en el Ayuntamiento de Atarfe, "siendo éstos desatendidos por la administración, única competente legalmente en la materia".
Además, el alcalde, sostiene la Fiscalía, hizo "dejación absoluta de sus deberes legales, con la connivencia y colaboración de su concejal de Urbanismo y Obras", al negarse a hacerse cargo del mantenimiento de las instalaciones de depuración.
LA CONEXIÓN A UN COLEGIO "MULTIPLICÓ" LAS AGUAS RESIDUALES
El primer edil "no sólo permitió que se fueran ocupando las viviendas y generando las aguas residuales que fueran depuradas --vertiéndose éstas sobre el terreno--, sino que además tomó la decisión de conectar la salida de aguas residuales del Colegio Granada College a las instalaciones de la urbanización en el año 2000, lo que multiplicó las aguas residuales que tenían como destino final la depuración en Llanos de Silva", agrega el Ministerio Público.
A raíz de la decisión municipal de conectar el colegio a las instalaciones de depuración "abandonadas", se agravó "extraordinariamente" la situación medioambiental, puesto que la depuradora sólo tenía capacidad para depurar las aguas de una población máxima de 500 personas, por lo que, teniendo en cuenta que los vecinos empadronados en la urbanización eran 67 en 2004 y el centro generaba residuales correspondientes a unas 1.000 personas, quedó "desbordada" la capacidad del digestor.
Ante el agravamiento de la situación y la constatación de que las aguas residuales se estaban vertiendo sobre el terreno y que alcanzaban el pantano de Cubillas sin ser depuradas, se procedió en 2003 y 2004 a labores de reparación de la depuradora, si bien después no se llevó a cabo del mantenimiento de la instalación, por lo que los vertidos siguieron produciéndose.
El Ministerio Público señala que los vertidos "ilícitos e incontrolados" derivados del incumplimiento "consciente" de las obligaciones del Ayuntamiento de Atarfe han producido daños y perjuicio efectivos al dominio público hidráulico, afectando a la calidad de las aguas superficiales y subterráneas.
Asimismo, a consecuencia de estos hechos se han puesto igualmente en "grave peligro" la flora, la fauna, y los acuíferos de la zona, "por la posibilidad de contaminación microbiológica". En cuanto al peligro para los seres humanos, la Fiscalía apunta que el vertido en el pantano y la contaminación de los acuíferos dio lugar a "otra vía de exposición", al ser el agua contaminada no apta para la bebida o el riego.
