SEVILLA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
El sindicato UGT Andalucía y su actual Comisión Ejecutiva ha querido solicitar este jueves el "debido respeto a la presunción de inocencia" de los investigados en el caso que se ha conocido como de 'facturas falsas' que "han tenido o tienen relación con el sindicato", y ha denunciado una "situación total de indefensión" de la que culpa a la Administración pública andaluza, y que "se ha visto agravada con la entrada este año del nuevo Gobierno" de PP-A y Ciudadanos (Cs).
Así lo traslada el sindicato en un comunicado tras conocerse que el juez de Instrucción número 9 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado la causa abierta por las presuntas facturas falsas de UGT-A contra el exsecretario general de sindicato Francisco Fernández Sevilla y otras 14 personas por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil, una resolución en la que concluye que "el cómputo global de las cantidades defraudadas" en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta a la organización sindical, en los que se ha contado con la información documental necesaria, "asciende a 40.750.047,74 euros".
Desde UGT-A han querido realizar "una serie de consideraciones" a las informaciones publicadas al respecto, indicando que el juez, "en el informe con el que fundamenta este auto, no realiza mención alguna a los términos 'fraude', 'desvío de subvenciones' o 'malversación', como tampoco menciona que la conclusión es que hubiera desvío de cantidades correspondientes a la subvención para otros fines ajenos a la propia ejecución de los programas".
"El informe pericial en el que se basa se suscribe al carácter subvencionable de un gasto, una cuestión totalmente administrativa y no penal", según añade UGT, que, "como organización, en ningún momento ha sido procesada", según abunda el sindicato, que apostilla al respecto que "han sido procesadas 14 personas, de las que sólo tres eran exdirigentes sindicales".
Desde la actual dirección de UGT-A quieren decir "alto y claro" que "llevamos seis años sufriendo por parte de la Administración pública un acoso totalmente desproporcionado donde las decisiones que se han tomado han sido siempre las más lesivas hacia UGT, provocando en la actualidad una situación total de indefensión que además se ha visto agravada con la entrada en este año del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía".
Además, el sindicato apunta que "es injusto que se solicite el reintegro completo del dinero recibido", porque "esto significaría que durante esos años ningún representante sindical ha realizado ninguna actividad", y al respecto indican que "es fácil demostrar los procesos electorales en los que UGT ha participado y ganado, los órganos en los que participamos, las campañas que hemos realizado, los cursos que hemos impartido, el asesoramiento jurídico que hemos ofrecido, el asesoramiento laboral y sindical que damos", entre otras cuestiones.
"No vamos a seguir permitiendo este atropello", advierten desde UGT-A, sindicato que entiende que "ha llegado la hora de solicitar responsabilidades a los poderes públicos y a los medios de comunicación que se han hecho eco de manera interesada y malintencionada de informaciones, algunas sin contrastar y la mayoría sin objetividad".
La Unión General de Trabajadores de Andalucía y su Comisión Ejecutiva "respeta y respetará todas las decisiones judiciales a las que tenga que hacer frente la organización, si tuviera que hacerlo, al igual que reclamará íntegramente el resarcimiento de todas aquellas que le sean beneficiosas y el derecho al honor de todos y todas los miles de ugetistas que día a día trabajamos por la clase trabajadora".
Además, el sindicato solicita "el debido respeto a la presunción de inocencia de los investigados que han tenido o tienen relación con este sindicato, máxime cuanto estamos ante un auto que no es firme y puede ser recurrido, y no ante una sentencia firme".
Igualmente, la actual dirección de UGT-A quiere "dejar nítidamente claro que el sindicato está y estará siempre por delante de las decisiones personales que en su día pudieran haber tomado ciertos dirigentes, pero será la justicia la que determine la responsabilidad de dichas personas, si fuese el caso".
RECHAZA QUE "SE MACHAQUE" LAS SIGLAS DEL SINDICATO
"No podemos permitir que se machaque a nuestras siglas. Ni lo hemos hecho nunca, ni lo vamos a permitir ahora", según enfatiza la UGT-A, que recuerda además que la actual Comisión Ejecutiva, dirigida por Carmen Castilla, "no ocupaba en los años objeto de investigación cargo de responsabilidad en UGT-Andalucía, no estando encausada esta organización, que no es parte en este procedimiento".
Por ello, desde el sindicato reiteran su "convencimiento de que no se ha cometido ningún delito, confiando en la actuación de las personas investigadas".
