SEVILLA, 26 May. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos andaluces UGT y CCOO han reaccionado ante la aprobación de la Junta de Andalucía de contratar a 3.000 desempleados para que garanticen la apertura de las playas andaluzas en condiciones de seguridad, una medida que desde UGT han pedido que se "reconsidere" mientras que desde CCOO han exigido que se defina la cualificación y funciones de los contratados.
En un audio difundido a los medios de comunicación, el secretario de Empleo y Nuevas Realidades Laborales de CCOO-A, Sergio Santos, ha señalado que es necesario apoyar a municipios costeros ante la grave crisis económica y sanitaria tras el Covid-19 pero, a su juicio, la medida anunciada por el Gobierno andaluz es "insuficiente".
"No se cubren los salarios completos de los trabajadores que se van a contratar obligando a los ayuntamientos a pagar los seguros sociales de estos trabajadores", ha lamentado Santos apuntando además que "no se cubren los gastos en materia de infraestructuras". Al hilo, ha indicado que "los contratos de obra y servicio sin un proceso de selección terminan en un muchos casos en fraude de ley" por lo que, a su juicio, "es necesario definir la cualificación de los contratados y sus funciones".
"No pueden cubrir puestos estructurales de los ayuntamientos y deben de tener identificados sus atribuciones, horarios y condiciones de trabajo y de seguridad en el desarrollo de su empleo", ha zanjado el secretario de Empleo y Nuevas Realidades Laborales de CCOO-A.
Por su parte, UGT-A ha manifestado en un comunicado que los vigilantes de seguridad privada han realizado una "labor encomiable en la garantía del control de aforos y distanciamiento social en espacios semipúblicos como supermercados o redes de infraestructuras de transporte", por lo que considera que la Junta debe hacer una "reconsideración urgente de la medida propuesta"
"Resulta sorprendente que, frente a la opción de contar con profesionales de la seguridad privada, con una formación y desempeño profesional habilitados por la policía, sujetos a un Convenio Colectivo Estatal garante de unas condiciones de empleo pactadas por los agentes sociales, capacitados para la prevención de infracciones administrativas y con la protección jurídica que les garantiza la Ley, la Junta de Andalucía haya optado por una fórmula que, muy difícilmente puede conducir a análogos niveles de garantía para los ciudadanos", han opinado desde el sindicato.
En este sentido, UGT ha defendido que la ley de seguridad privada regula "con todo detalle" los requisitos de autorización y prestación de servicios en los espacios públicos, siempre llevados a cabo con carácter subsidiario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Igualmente, a su juicio, la opción del Gobierno andaluz "impide el acceso al mercado de trabajo de los profesionales de la seguridad privada habilitados que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo en Andalucía e incide en la propia confiabilidad del sector turístico de Andalucía, que se hubiera reforzado adicionalmente por la posibilidad de contar en las playas con servicios de seguridad privada de calidad acreditada en otros entornos".
Por ello, UGT ha solicitado junto a la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) que se realice una "reconsideración urgente de la medida propuesta", a la par que ha reiterado su "ofrecimiento para poner en marcha una solución alternativa en la prestación de los servicios en las playas andaluzas".
