Actualizado 27/05/2010 19:18 CET

Visto para sentencia el juicio por la supuesta tramitación irregular del Centro Comercial Nevada

GRANADA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El juicio por la supuesta tramitación irregular del Centro Comercial Nevada de Armilla (Granada), que ha sentado en el banquillo de los acusados a un total de once imputados, entre ellos el que fuera alcalde de la localidad, el socialista José Antonio Morales Cara, y el ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate, ha quedado hoy visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal 3 de Granada, informaron a Europa Press fuentes del caso.

La vista comenzó el pasado 20 de abril con la declaración de los dos responsables municipales, que se negaron a declarar a las acusaciones particulares --ejercidas por el PP, Los Verdes, y Ecologistas en Acción y Adobe Arquitectura-- y que defendieron la legalidad de la licencia de obras otorgada al Nevada y de todo el proceso urbanístico.

El ex concejal y el ex regidor, que se enfrentan a una petición fiscal de tres años y cuatro meses de prisión --o dos años y multa de 2.880 euros--, 20 de inhabilitación y 10.800 euros de multa por dos delitos contra la ordenación del territorio y otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos, coincidieron además en que desconocían la existencia del informe que realizó el letrado municipal que era desfavorable a la concesión de licencia, y que con posterioridad, ya durante la instrucción de la causa, apareció.

Por su parte, el promotor de la construcción, Tomás Olivo, que está acusado de un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave a la autoridad judicial, por los que podría ser condenado a dos años y dos meses de cárcel, multa de 10.800 euros y dos años de inhabilitación, llegó a sorprender a la Fiscalía afirmando que fue la Comisión Asesora de Comercio Interior (CACI), dependiente de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, la que le "recomendó", al denegarle en primera instancia la licencia comercial, que hiciera un proyecto "más grande" de "carácter comarcal". "¿Me está usted diciendo que amplió el Nevada por recomendación externa?", le preguntó el fiscal, a lo que Olivo contestó: "Sí, fue por imposición externa, nos lo denegaron por pequeño y nos vimos en la necesidad de comprar más suelo".

Olivo, que aseguró además que lo construido hasta hoy día --que fue paralizado por orden judicial-- se corresponde con lo que proyectó en el 96, se quejó en varias ocasiones de llevar más de diez años "sufriendo" el Nevada y dijo que si hubiera tardado lo mismo en edificar los 58 centros comerciales que ha levantado por toda España "tendría ya mil años". "Tengo muchos, pero no tantos", bromeó el promotor, quien negó que el de Armilla sea un "mamotreto". "Si el edificio se acaba, le van a dar seguro un buen premio", auguró.

También se refirió Olivo a las razones que le llevaron a revestir la fachada de mármol verde cuando las obras ya se habían paralizado. "El Juzgado de lo Contencioso nos autorizó a acabar la fachada y a hacer la red contra incendios pero Del Arco --el juez instructor del proceso penal-- nos obligó a parar todas las obras", se defendió el promotor, que está acusado de un delito contra la ordenación del territorio, y de otro de desobediencia grave a la autoridad judicial, por los que solicita 2 años y dos meses de cárcel, multa de 10.800 euros y dos años de inhabilitación. "Yo no desobedezco jamás a nadie y mucho menos a la autoridad competente", afirmó.

LOS CUATRO EDILES CREYERON QUE LA LICENCIA ERA LEGAL

Por su parte, los cuatro ediles de la corporación de Armilla imputados coincidieron en que votaron a favor de la concesión de la licencia de obras para su construcción al "creer" que era legal, ya que, a pesar de que el secretario informó de que no constaba informe jurídico del letrado municipal, el alcalde Morales Cara les aseguró que tenía "el suficiente soporte jurídico" como para aprobarla.

La cuarta sesión del juicio acogió el testimonio de los testigos considerados clave por las acusaciones, concretamente del letrado municipal que elaboró el informe desfavorable que se hizo desaparecer, según la Fiscalía, el secretario municipal, y de la que fuera jefa de Urbanismo en el Consistorio cuando se aprobó el expediente urbanístico del Nevada.

El primero aseguró que tanto el ex alcalde de la localidad como el ex edil de Urbanismo conocían el informe "absolutamente desfavorable" que elaboró contra la concesión de la licencia de obras, y que recibió "presiones" para que cambiara su sentido. Su testimonio, se contrapuso a la argumentación ofrecida por los políticos socialistas, que afirmaron que cuando se aprobó la licencia no tenían constancia del informe jurídico.

Según el letrado, tanto Morales Cara como Cañavate habían conocido su opinión jurídica en el transcurso de varias reuniones en las que además le presionaron para que cambiara el contenido de su informe, en el que contempló que el Nevada incumplía la legalidad urbanística vigente. Su declaración avalaba la acusación de la Fiscalía, que sostiene que fueron los propios dirigentes municipales los que hicieron "desaparecer" el informe del letrado para sacar adelante el proyecto.

El secretario también fue muy crítico con la corporación que aprobó la licencia el 30 de septiembre de 2005, cuando él mismo, y para salvar su propia responsabilidad en el asunto, tuvo la "inspiración divina" de incluir en el expediente un documento escrito en el que advertía que faltaba el informe jurídico, que se considera "preceptivo", y hacer la advertencia además oralmente aquel día.

"MUCHAS PRESIONES Y PRISAS"

"Había muchas presiones y muy fuertes, prisas e interés en que se diera la licencia", incidió el secretario, que alertó además de que aquel día supo que la decisión estaba previamente tomada. "La hubieran aprobado aunque hubiera dicho yo misa en latín", ahondó manifestando además que seguramente los concejales no conocían el contenido del informe jurídico que no se incluyó en el expediente. "No tenían la buena costumbre de revisar los expedientes", señaló.

El 5 de mayo, una vez concluidas las pruebas testificales, comenzaron las periciales, en primer lugar por parte de los expertos en Urbanismo designados por el juez instructor de la causa, titular del Juzgado de Instrucción 6. Éstos abogaron por una demolición parcial del Centro Comercial para restablecer la legalidad urbanística en el municipio, que conllevaría además la creación de un "cinturón verde" que dejara "respirar" la zona.

Así, aunque el edificio incurre en multitud de irregularidades, en cuanto a la evacuación de aguas, ocupación y ausencia de zonas verdes, invasión de viales y de la servidumbre de la autovía, fijación de la cota de rasante o el cómputo de la edificabilidad, según la opinión pericial, el derribo de parte del mismo y no de su totalidad sería lo "más razonable", atendiendo a su interés social, económico y de generación de puestos de trabajo.

Una demolición total costaría aproximadamente unos 30 millones de euros, y además las condiciones naturales del terreno serían "difíciles" de restituir al estar ocupadas por "planchas de hormigón", por lo que debe prevalecer "un cierto sentido práctico" ante las "expectativas sociales" generadas, según los peritos.

El fiscal, que pide en primer lugar la demolición total del Nevada, ha dejado no obstante la puerta abierta a una tercera alternativa, además de la demolición parcial, que podría conllevar un acuerdo extrajudicial supervisado por la Junta de Andalucía, pero siempre y cuando éste se adopte antes de que la sentencia que se dicte sea firme.