SEVILLA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
Varias decenas de abogados sevillanos vinculados al servicio que permite a los presos de las centros penitenciarios recibir orientación y asistencia jurídica de forma gratuita se han concentrado este jueves con sus togas frente a la sede de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía para protestar por la "suspensión" de este servicio el pasado mes de abril y pedir que se vuelva a poner en marcha.
En este sentido, los convocantes han informado a Europa Press de que la concentración ha tenido lugar este jueves, entre las 13,00 horas y las 14,30 horas, frente a la sede de la Consejería del ramo, y en la misma los letrados sevillanos adscritos a este servicio de asistencia jurídica penitenciaria han presentado un escrito en el que piden una reunión al consejero, Emilio de Llera, para tratar su "restablecimiento".
Igualmente, cada letrado del turno de oficio penitenciario tiene previsto presentar en la Consejería una solicitud de entrevista "personal" con el consejero del ramo, han señalado las fuentes, que han destacado que, entre las personas concentradas frente a la Consejería, se encontraba el exdirector de la cárcel de Morón de la Frontera.
Este servicio inició su andadura oficial en el año 2001, gracias al convenio de colaboración firmado entre el Colegio de Abogados de Sevilla y la Dirección General de Instituciones penitenciarias, siendo posteriormente secundado en las demás provincias andaluzas a fin de "asistir jurídicamente y de manera gratuita a las personas privadas de libertad".
En el año 2008 se produjo una modificación en cuanto a las instituciones implicadas, por cuanto se firmó un convenio tripartito entre la Consejería de Justicia, el Ministerio del Interior y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados. En octubre de 2010, se decidió su prórroga indefinida acordándose la firma de una 'addenda' a este convenio que reflejara su carácter de indefinido.
"UN TAJANTE NO"
No obstante, esta 'addenda' no se firmó por parte del Ministerio del Interior, lo que llevó al departamento de Emilio de Llera a suspender este servicio el pasado mes de abril, todo ello al no tener la autorización del Gobierno de España, "a pesar de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias había destacado en varias ocasiones los resultados positivos que ofrecía dicha asistencia".
Los letrados han solicitado su restablecimiento, a pesar de lo cual la respuesta recibida por la Administración "ha sido un tajante no, sin argumentos ni razones, un no rotundo bajo el que se vislumbra una voluntad de desmantelar este importante servicio público dirigido a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad".
En un comunicado de prensa, los convocantes han señalado que se trata de "un no tras el que se adivina la intención de nuestros políticos de seguir mermando el Estado de Derecho, ahora ya que han logrado derrumbar el de bienestar".
PENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
De su lado, De Llera ha asegurado en una nota de prensa que la voluntad del Gobierno andaluz "es la de restablecer" este servicio, aunque ha señalado que esto "no es posible sin que el Ministerio del Interior lo autorice" mediante la firma de ampliación de un convenio enviado por la Junta al Gobierno central.
Según De Llera, el servicio de orientación y asistencia jurídica penitenciaria "siempre ha ofrecido resultados positivos y se ha convertido en un elemento muy importante para la población reclusa", por lo que ha puesto de relieve la "importancia" de que el Ministerio del Interior firme dicho anexo de convenio "para desbloquear el conflicto y dar continuidad a este servicio".
El titular de Justicia e Interior, que ha resaltado que la Consejería dispone de la consignación presupuestaria para seguir sosteniendo este servicio, ha explicado igualmente que la Junta no puede seguir prestándolo sin el apoyo y la cobertura normativa que ofrece el convenio y que el Gobierno central "ha decidido no ampliar".
La propuesta para continuar prestando el servicio la tiene en su poder el Ministerio del Interior desde noviembre de 2011 firmada tanto por el Gobierno andaluz como por el propio Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.
