Agua.- Chamizo recomienda a la Junta revisar de oficio la autorización del Plan Global de Mina Las Cruces

Los servicios jurídicos de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, liderada por José Chamizo, han resuelto una queja de la asociación Ecologistas en Acción en la que recomiendan a la Agencia Andaluza del Agua, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, revisar de oficio la autorización de las obras, instalaciones y actividades de operación del sistema de drenaje-reinyección en los términos municipales sevillanos de Gerena, Guillena y Salteras con motivo del Plan Global de Minas Las Cruces.

En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Defensor del Pueblo recuerda que la queja de los ecologistas sostenía que las modificaciones que Mina Las Cruces solicitó en la autorización "suponen cambios sumamente sustanciales" con respecto al proyecto minero que fue sometido a Evaluación de Impacto Ambiental, por lo que éstas deberían someterse a una nueva evaluación.

Ello posibilitó que la queja fuera admitida a trámite y diese comienzo el procedimiento, como resultado del cual Medio Ambiente informó al Defensor de la existencia de dos permisos medioambientales y la necesidad de esperar el pronunciamiento de la Agencia Andaluza del Agua sobre el plan global para ver si las modificaciones suponen cambios sustanciales de la autorización.

Tras recordar los "presuntos incumplimientos del ordenamiento jurídico" cometidos por la concesionaria, el Defensor señala que la teórica autorización de vertido al dominio público hidráulico del acuífero Niebla-Posadas planteada por Ecologistas en Acción debería llevarse a cabo, pues en el concepto recogido en la ley "en ningún momento se hace referencia a la necesidad de que las aguas objeto del mismo sean calificables como residuales, como concluye la Agencia Andaluza del Agua".

Es más, "aún en el supuesto de que no se comparta esta opinión, lo que no entendemos como justificado es interpretar, como parece hacer el organismo de cuenca, que como las aguas contaminadas son sometidas a un proceso de depuración previo al momento de la reinyección, las mismas pasan a tener unas condiciones de calidad que garantizan la compatibilidad con el dominio público hidráulico, por lo que ya no existe tal vertido", pues dichos sistemas de depuración serían los mismos que habrían sido requeridos por la Junta para conceder la correspondiente autorización de vertido, según la Oficina.

Resulta, para el Defensor del Pueblo Andaluz, "obvio" que se cumple la premisa de que para considerarse vertido las aguas objeto del mismo deben provenir de una actividad humana que les haya incorporado elementos físico-químicos ajenos.

NECESIDAD DE NUEVA PREVENCIÓN AMBIENTAL

Sobre los cálculos del colectivo ecologista --que apuntan a que la detracción de aguas en el acuífero llegaba hasta los 915.000 m3/año, frente a los 160.000 m3/año aprobados en 2004, y un incremento hasta más de 400.000 m3/año de aguas de contacto muy contaminadas en el fondo de la corta, frente a los 40.000 inicialmente previstos--, el Defensor manifiesta que "no existe pronunciamiento alguno, a pesar de que entendemos que los mismos resultan de gran trascendencia para valorar la admisibilidad o no de las modificaciones propuestas por la mercantil, lo que no nos lleva sino a pensar que los cálculos podrían ser correctos y la Agencia Andaluza del Agua lo reconoce de forma implícita".

En lo referente a la necesidad de someter el proyecto de modificación del sistema de drenaje-reinyección a un nuevo procedimiento de prevención ambiental solicitada por los ecologistas, y en base a lo que el Defensor entiende como un "incremento" en la utilización de los recursos naturales y en los vertidos inicialmente previstos, se insta a la administración autonómica a dar este paso.

El Defensor del Pueblo insta también a la Agencia Andaluza del Agua a la necesidad de imponer a los nuevos sistemas de depuración de Las Cruces de una nueva autorización de vertido al acuífero Niebla-Posadas, en cumplimento de la Ley de Aguas, incluyendo el pago del correspondiente canon de vertido, al igual que se impone a todas las depuradoras de todos los municipios de Andalucía y a todas las industrias que vierten al dominio público hidráulico, y que Ecologistas en Acción estima en unos 600.000 euros anuales.

Por todo ello, el Defensor recomienda a la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Sevilla que se requiera el correspondiente trámite de prevención ambiental, y a la Agencia Andaluza del Agua que se revise de oficio la autorización y que se requiera a Cobre Las Cruces a obtener autorización de vertido para implementar el sistema.

Ecologistas en Acción añadió que el Defensor del Pueblo ha dado un plazo de un mes a la Junta para atender sus solicitudes; si no cumplen, el colectivo pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales pertinentes, con objeto de que se depuren las responsabilidades penales por "grave dejación de funciones".