SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) -
La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha citado este miércoles a los peritos de la Dirección General de Seguros para que ratifiquen el informe en el que detectaron en los ERE financiados por la Junta de Andalucía el pago de un exceso de 66.155.573 euros en comisiones por encima de la media de mercado.
En su informe, consultado por Europa Press, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones recoge una serie de irregularidades, como por ejemplo que en las pólizas de los ERE actuaron agentes para varias entidades a la vez, se pagaron comisiones a varios mediadores por la misma póliza, hubo tomadores impropios y no hubo una identificación adecuada del mediador.
La Dirección de Seguros, en el informe elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, analiza las pólizas pagadas por la Junta de Andalucía entre 2000 y 2011 e investigadas en el caso de los ERE y concluyen que se pagaron "comisiones significativamente superiores a la media de mercado", que estaba situada en el 2 por ciento en el periodo analizado.
En total, el grupo Uniter cobró 29.804.937 euros en sobrecomisiones, Vitalia 36.228.300 euros, Expert Ejecutivos 71.417 euros y Atlantis --vinculada a CCOO-- 50.918 euros, dice el informe, que asevera que "se deduce un patrón de conducta por el que las comisiones se establecían casi con carácter sistemático en el entorno del 10 por ciento", sobrecoste que "no es admisible justificar en unos supuestos compromisos y gastos extraordinarios soportados".
Al hilo, el informe de la Dirección de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, recoge que, pese a que la comisión era liquidada por la entidad aseguradora al mediador, "era indirectamente abonada por la Junta de Andalucía dentro del recibo del seguro y, en consecuencia, tiene un coste para el erario público".
En uno de los expedientes analizados, según el informe, se ha encontrado "evidencia documental de una grave irregularidad consistente en que la Junta de Andalucía ordenaba a la entidad aseguradora el pago de todas las comisiones que el mediador comunicara a la entidad aseguradora, lo que supone dejar al arbitrio de una parte interesada la fijación del precio total del seguro".
El informe afirma que "no se ha encontrado justificación que acredite la necesidad o conveniencia de suscribir las pólizas mediante la participación de mediadoras" ni "justificación sobre los criterios de elección de las aseguradoras", por lo que remarcan que la intervención de esta figura "ha encarecido innecesariamente el coste de las pólizas de seguro".
En contra de lo habitual en la mediación de seguros, la comisión no era establecida por las entidades aseguradoras sino por los propios mediadores, quienes "prevaliéndose de su capacidad de influencia en la adjudicación de pólizas fijaban su comisión fuera de los precios de mercado".
