SEVILLA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa de Villanueva del Río y Minas (Sevilla), María José Cervantes, ha defendido este miércoles su inocencia dado el escrito de acusación en el que la Fiscalía reclama para ella 16 meses de cárcel y 16 años de inhabilitación para empleo y cargo público por dos licencias de obra otorgadas en suelo no urbanizable y en contra de los designios del arquitecto municipal. Cervantes lamenta además que "determinada formación política" use los procedimientos judiciales para conseguir "votos" y "mancillar" su imagen.
En un comunicado, Cervantes defiende su "inocencia" y señala que ha dado "instrucciones concretas" para interponer los recursos que corresponda contra las actuaciones formuladas por el Ministerio Fiscal, que, según la primer edil, "no se ajustan a los hechos". "Desde el respeto a las actuaciones judiciales", Cervantes ha manifestado que "en ningún momento" por su parte ni la de ningún responsable político o funcionarial del Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas "se ha otorgado licencia de obras alguna", por lo que "no se ha podido vulnerar ninguna norma como queda recogido en las diligencias previas".
Cervantes lamenta que, una vez más, "determinada formación política" pretenda "mancillar la vida política de un municipio y la imagen de sus responsables políticos" en "un intento desesperado de conseguir votos" y "sacar el rédito político que no consiguen en las urnas, mediante unas elecciones democráticas", dado que el grupo de concejales de Unión Minera había elevado los hechos a la Fiscalía.
Según la alcaldesa, a los concejales independientes "no les importa utilizar los procedimiento legales ni las instituciones judiciales con tal de lograr sus objetivos". Por ello mismo, Cervantes confía en "el buen hacer de la justicia" y defiende que "el tiempo pondrá a cada uno en su sitio".
EL ESCRITO DE ACUSACIÓN
En el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público interesa la apertura de juicio oral ante un Juzgado de lo Penal y relata que el día 5 de julio de 2005 el propietario de una parcela ubicada en la zona donde enlazan la avenida de la Constitución y la de Blas Infante solicitó al Ayuntamiento una licencia para edificar una vivienda unifamiliar.
En este sentido, el fiscal pone de manifiesto que, "a pesar de que el arquitecto municipal" informó el mismo día a la acusada --con competencias en materia de Urbanismo-- de que la solicitud de licencia era contraria a las normas subsidiarias de planeamiento de la localidad, por ser suelo no urbanizable, la imputada, "consciente de la ilegalidad de su proceder, concedió el 28 de julio de 2005 la licencia, lo que determinó que el solicitante edificara la casa".
De igual modo, asevera que el 14 de octubre de 2005 el titular de otra parcela similar en el mismo paraje, y por tanto "de idéntica clasificación urbanística", pidió al Ayuntamiento una licencia para hacer una vivienda unifamilar, y "al igual que en el caso anterior el arquitecto municipal advirtió el mismo día 14 que la solicitud no se adaptaba a las normas de planeamiento por ser el terreno no urbanizable", pero "nuevamente la acusada, sabiendo que la licencia era manifiestamente ilegal, la concedió por Decreto de 14 de noviembre de 2005, título con el que el solicitante edificó la casa".
PREVARICACIÓN E INDUCCIÓN
El Ministerio Público añade, al hilo de ello, que los hechos que se relatan fueron denunciados en el juzgado el 8 de enero de 2009, y una vez citada la acusada a declarar como imputada el 10 de julio del mismo año ordenó por dos decretos incoar diligencias informativas previas al expediente urbanístico por la realización de las dos edificaciones ilegales contra las dos personas "a las que ella misma había autorizado a construir".
Por todo ello, el fiscal considera que los hechos descritos son constitutivos de dos delitos contra la ordenación del territorio por prevaricación, y de dos delitos contra la ordenación del territorio por inducción. Por cada uno de los dos delitos contra la ordenación del territorio por prevaricación solicita ocho años de inhabilitación y el pago de una multa de 6.750 euros, mientras que por cada delito contra la ordenación del territorio por inducción pide ocho meses de cárcel y el pago de una multa de 6.750 euros. Además, el fiscal solicita que la acusada preste fianza para garantizar las responsabilidades pecuniarias.
