Anticorrupción pide a la juez de los ERE que imponga una fianza de 256.000 euros a la suegra de Guerrero

Actualizado 24/11/2011 16:26:19 CET

SEVILLA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este jueves a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que imponga una fianza de 256.000 euros a Victorina Madrid Pisabarro, suegra del exdirector de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, imputada dentro de la investigación por la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas en expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos.

Las acusaciones que ejercen en este procedimiento la Junta de Andalucía, el PP y el sindicato UGT se han adherido a la petición de fianza realizada por la Fiscalía Anticorrupción. La imputada, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, habría cobrado 155.900 euros del expediente de regulación de empleo (ERE) de SOS Cuétara a pesar de no haber trabajado nunca en esta empresa, a lo que se suma el cobro de 74.176 euros a través de una póliza individual.

En el despacho de la juez se han vivido este jueves momentos de tensión con motivo de la comparecencia, también en calidad de imputado, de José Antonio Gómez Romón, exfutbolista del Osasuna y del Atlético de Madrid que habría percibido una póliza de 460.742,12 euros. Tras preguntarle la magistrada sobre sus numerosas cuentas corrientes, el abogado defensor recomendó a su cliente que no respondiera, lo que motivó que la juez le dijera que no interrumpiera e incluso le llegara a decir: "tranquilo en la silla".

Todo ello motivó que el letrado del imputado, José María Calero, abandonara el despacho de la juez al considerar que "no estaba en condiciones" de asistir a su patrocinado, lo que, según ha anunciado la propia magistrada, será puesto en conocimiento del Colegio de Abogados de Sevilla. Tras ello, y ya asistido por el letrado de otro de los imputados, el exfutbolista, conocido como 'Pizo' Gómez, se ha negado a declarar.

En estos momentos presta declaración, también como imputado, Antonio González Pérez, vecino de Cabra (Córdoba) que fue incluido en el ERE promovido en 2007 por la sociedad anónima laboral sevillana 'Saldauto'.