Antonio Fernández niega un acuerdo para "ahuyentar la legalidad" en la tramitación de los ERE

SEVILLA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández (PSOE) ha negado este lunes que existiese un acuerdo para "ahuyentar la legalidad" en la promoción y tramitación de expedientes de regulación de empleo (ERE) en Andalucía, toda vez que la magistrada del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, ha reclamado a la Consejería de Empleo una relación de las "subvenciones y ayudas públicas concedidas desde 2002" hasta el momento respecto a procesos de esta naturaleza en el marco de las diligencias incoadas en torno al posible delito societario cometido en el mercado central de abastos de la capital andaluza.

Antonio Fernández ha prestado declaración como testigo este lunes ante la juez Mercedes Alaya en el marco de las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis a cuenta del posible intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce sobre dos empresarios del grupo hostelero 'La Raza'.

En otra de las líneas de investigación del caso, la correspondiente al posible delito societario cometido por Mellet y Ponce, la juez Alaya había dictado un auto en el que reclama al Gobierno andaluz una relación de las "subvenciones y ayudas públicas concedidas desde 2002" hasta el momento "respecto a procesos de re estructuraciones laborales, tanto convocadas con carácter general como específicamente acordadas respecto de algún caso concreto", siempre al objeto de esclarecer las incidencias detectadas en los expedientes de regulación de empleo promovidos en 2003 y 2007 en Mercasevilla.

En ese sentido, y en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press, Fernández ha negado que existiese un acuerdo para "ahuyentar la legalidad" en la tramitación de los expedientes de regulación de empleo. "Prueba de ello", a su juicio, es que "durante años, nadie ha acudido a la Justicia por ningún tema relacionada con la gestión que hemos hecho ni IU ni yo". En este sentido, ha insistido en que "nunca ha habido ningún elemento que haya supuesto dañar los intereses públicos" y ha criticado que haya quienes pretendan sacar del "escándalo" rentabilidad. "Como dice el refrán, a río revuelto ganancia de pescadores, parece que ése es el motivo, la estrategia", ha añadido Antonio Fernández.

LOS ERE DE MERCASEVILLA

En cuanto a los expedientes de regulación de empleo promovidos por Mercasevilla en 2003 y 2007, si bien ambos fueron autorizados por la Consejería de Empleo, sólo el primero de ellos ha gozado del respaldo financiero de la Administración autonómica por lo que al pago de las prejubilaciones acordadas se refiere. Y es que el expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue resuelto con aproximadamente 40 prejubilaciones cuya financiación ha quedado en el aire al haberse desligado de ella la Consejería de Empleo.

De un lado, entre finales de 2007 y comienzos de 2008, el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, firmó varios documentos mostrando su "conformidad" en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de los trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007. No obstante, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, advierte en un documento oficial recogido por Europa Press de que estos actos firmados por Guerrero, fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio".

En este marco, destacan los casos de María del Carmen Fontela González y de Antonio Garrido Santoyo, cuyos nombres figuran como aspirantes a la prejubilación en varios documentos de los ERE de 2003 y 2007, respectivamente, pese a que ninguna de ellos ha formado nunca parte de la plantilla, como han confirmado tanto el comité de empresa como la propia dirección del mercado central de abastos. Santoyo.