SEVILLA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -
El presidente del PP-A, Javier Arenas, ha asegurado que la proposición de Ley Orgánica que el Pleno del Parlamento aprobó el pasado día 14 remitir al Congreso de los Diputados para la delegación de competencias a la comunidad sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por territorio andaluz a través de la vía del artículo 150.2 de la Constitución, tendrá que sufrir cambios para ser apoyada por el grupo popular en la Cámara Baja.
En una entrevista con Europa Press, Arenas ha indicado que su formación votó a favor de la iniciativa en el Pleno del Parlamento "porque no queríamos callar la voz andaluza en el Congreso de los Diputados". "Pero en ese debate la diputada del PP-A Carolina González Vigo, --quien será la ponente del PP en el Congreso de los Diputados--, expresó con brillantez nuestra posición", ha apuntado.
El presidente del PP-A ha recordado que dicha posición se fundamenta en el respeto a la decisión del Tribunal Constitucional (TC), en la unidad de cuenca, en la colaboración de la Junta con el Gobierno respeto a las competencias de otras comunidades y en un "cambio radical" de la gestión del agua en base al acuerdo con funcionarios, regantes y ecologistas.
Como se recordará, los tres grupos aprobaron el dictamen de la proposición de ley orgánica, si bien el PP-A pidió votación separada de artículos de la iniciativa, de manera que rechazó algunos de ellos y en otros se abstuvo o votó a favor.
La nueva Cámara Baja, con mayoría absoluta del PP, será la que tenga la última palabra sobre este asunto, que ha quedado abierto tras no haber sido posible un acuerdo entre el actual Gobierno central y la Junta. Ambas administraciones intentaron buscar una solución tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que recogía las competencias exclusivas de la comunidad sobre las aguas del Guadalquivir que transcurren íntegramente por su territorio.
Esta iniciativa cuenta con el respaldo, en términos de legalidad, de un informe elaborado por el Consejo Consultivo y que fue solicitado por los tres grupos parlamentarios.
La proposición de ley orgánica plantea la habilitación de instrumentos de coordinación entre las administraciones central y autonómica para evitar la fragmentación o compartimentación de la gestión, mientras se atribuye al Estado velar por el respeto de las competencias de las comunidades autónomas que, aunque de forma minoritaria, tienen terrenos incluidos en la cuenca hidrográfica.
Entre las competencias que se propone delegar a la comunidad, destacan las relativas a concesiones de recursos hídricos; administración y gestión del registro de aguas y del censo de vertidos autorizados; policía de aguas y cauces; autorizaciones de vertidos y de uso del dominio público hidráulico; procedimientos sancionadores; sistemas automáticos de información hidrológica; deslindes de cauces, y cesiones de derecho al uso privativo de las aguas (en coordinación con la Administración central).
La proposición no incluye la delegación de las competencias que inciden sobre el régimen jurídico de las aguas, cuyo ejercicio se reserva íntegramente al Estado junto con las correspondientes fórmulas de control adicional constitucionalmente permitidas. De igual modo, se excluyen atribuciones relativas a normativas básicas de protección del medio ambiente, las obras públicas hidráulicas de interés general y la planificación hidrológica de la demarcación.
