ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 22 Jun. (EUROA PRESS) -
El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), gobernado por Antonio Gutiérrez Limones (PSOE), prevé imponer una sanción de 6.250,99 euros a un matrimonio como autores de una "infracción urbanística muy grave" de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Loua) como consecuencia de la edificación existente en una finca declarada "suelo no urbanizable común" de la zona conocida como Clarevot.
Según la propuesta de sanción, firmada ya por el propio alcalde y recogida por Europa Press, el matrimonio formado por Custodio Gregorio C.P. y Luisa R.C. posee una finca de aproximadamente tres hectáreas de extensión en la zona de Clarevot, en Alcalá de Guadaíra, siendo calificados tales terrenos como suelo no urbanizable común según el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). A tal efecto, el área de Servicios Territoriales abrió en 2008 un expediente sancionador al detectar una "infracción urbanística muy grave" de la LOUA, proponiendo así una sanción del 75 al 150 por ciento del valor de la obra ejecutada por tratarse de "actuaciones no susceptibles de legalización".
Los afectados, no obstante, alegaron que fueron "engañados" en el contrato de compraventa de los suelos y que "la parcelación en la finca matriz estaba realizada cuando adquirió la participación indivisa y no ha realizado obra alguna en su terreno", discrepando asimismo de la descripciónde las obras bajo la consideración de que "la única imputación por su actuación son 15 metros de fachada más 44 metros laterales, --59 metros lineales--, y que la piscina "desmontable" de 28 metros cuadrados "no pude considerarse instalación aefectos sancionadores".
Alegan igualmente los afectados que la finca fue devuelta "a su estado primitivo" y, de este modo, solicitaron el archivo de las actuaciones o la reducción de la sanción al 75 por ciento del valor de la obra ejecutada. A tales alegaciones respondía el área de Servicios Territoriales del Ayuntamiento alcalareño que las actas levantadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil prueban que "existe cocina y salón en la citada construcción", descartando que la obra correspondiera al alojamiento de un pozo.
No obstante, el Ayuntamiento avala el procedimiento sancionador en función de un informe conjunto de la Inspección Territorial municipal y del arquitecto técnico de la sección de Disciplina Territorial, documento que recoge que "no se ha restituido en su totalidad" la realidad fçisica alterada porque "continúa en la parcela la construcción y el cerramiento".
A tal efecto, propone el Ayuntamiento una sanción de 6.250,99 euros, pero concede un nuevo plazo de 15 días a los afectados al objeto de formular alegaciones o aportar la documentación que se estime oportuna.
