La portavoz del gobierno municipal afirmó que "no tiene constancia" de que las obras de ésta se hayan paralizado
SEVILLA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
La delegada de Cultura y Comunicación y portavoz de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, Maribel Montaño (PSOE), señaló hoy que espera que "los intereses particulares de los vecinos no estén por encima de los generales de la ciudad" con respecto al proceso judicial abierto por la construcción de la biblioteca pública de la Universidad de Sevilla prevista en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), que contempla su ubicación en el interior del los Jardines del Prado de San Sebastián.
En este sentido, en declaraciones a los medios, Montaño subrayó que la posición del gobierno local con respecto a este tema es la de "respetar" las decisiones judiciales como la que ha tomado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), donde se desestima el recurso de súplica del Ayuntamiento, la Hispalense y la Junta de Andalucía e insta a la paralización de las obras hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo, aunque la también portavoz del gobierno municipal afirmó que "no tiene constancia de que éstas se hayan paralizado".
Asimismo, indicó que el Ayuntamiento "no tiene nada que decir" al respecto de los pronunciamientos judiciales, "salvo acatarlos como corresponda", y manifestó que su posición seguirá siendo la de "defender las razones que reflejan la legalidad de la construcción de la biblioteca donde haya que hacerlo".
Al mismo tiempo, Montaño defendió que estas instalaciones son "un equipamiento compatible con una zona verde" como los Jardines del Prado de San Sebastián, "un parque que se recoge en el PGOU como tal, para de esta manera señalar su calificación urbanística definitiva y no ofrecer más dudas sobre ello", dijo.
Además, añadió que se trata de "un equipamiento que le otorga mayor calidad y vida al parque" y que, según Montaño, obedece a "un interés general". A este respecto, planteó que "si una biblioteca universitaria abierta a todo el público no lo es, se debería revisar el concepto de interés general".
En este sentido, afirmó que desde el Ayuntamiento se conoce que hay intereses particulares de vecinos de la zona y que respeta estos intereses, si bien "éstos no pueden estar por encima de los generales de la ciudad".
"SEGURA" DE LA LEGALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN
Respecto al gasto de las obras realizadas hasta la fecha en caso de la paralización definitiva de la obra, Montaño indicó que "serán los tribunales quienes decidan sobre este asunto y no el Ayuntamiento el que dictamine a quién le corresponde".
Se mostró "segura" de las razones de la legalidad de la construcción y confió en "la conveniencia política, social y educativa de estas instalaciones universitarias". Por último, aclaró que el objetivo del Ayuntamiento "no es ir contra los vecinos, sino a favor del interés general".
