SEVILLA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, reclamó hoy que la Fiscalía Anticorrupción intervenga de "oficio" e investigue a fondo el "cúmulo de presuntas irregularidades urbanísticas" que se están produciendo desde hace años en el municipio gaditano de Chiclana de la Frontera, mientras que la Junta de Andalucía "ha mirado para otro lado", haciendo una clara "dejación de responsabilidad".
En rueda de prensa, Sanz exigió además al alcalde de Chiclana, José María Román, que destituya de manera inmediata a su edil de Urbanismo, Joaquín Muriano, tras conocerse, según explicó, que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio "legalizó la construcción de un hotel diseñado por el citado edil en suelo donde no se podía" edificar, mientras que el expediente que fue abierto por el consistorio, "se archivó".
Sanz hizo este llamamiento a la intervención de la Fiscalía, según apuntó, aprovechando que el presidente de la Junta, Manuel Chaves, visita hoy Chiclana de la Frontera, que se puede convertir en una "nueva Marbella, y por eso queremos que actúe la Justicia".
De igual manera, el dirigente popular manifestó que ante lo ocurrido en Chiclana existe una "connivencia clara, por acción u omisión" de la Junta de Andalucía, que ha "mirado para otro lado", cometiendo una clara "dejación de responsabilidad" en lo que respecta a velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística.
Recalcó que existe una "responsabilidad clara en los responsables de urbanismo de la Junta, ya que eran conocedores de las irregularidades y no se ha tomado ni una sola iniciativa" desde la administración para evitarlas.
Por ello, el PP pedirá la comparecencia urgente del Gobierno andaluz en el Parlamento para "exigirle responsabilidades", según añadió Sanz, por "dejación de responsabilidad y por mirar para otro lado ante una presunta corrupción urbanística grave".
Para el dirigente popular, el PSOE "sigue siendo sospechoso de corrupción urbanística, sobre todo, por dejación de responsabilidades desde la Junta, como en el caso de Marbella", mientras que las únicas "víctimas son los ciudadanos", ya que el propio Gobierno andaluz ha sido "beneficiario".
