Catedráticos de US y UPO de Sevilla lanzan un Proyecto para abordar el "riesgo" de la desinformación en el mundo digital

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de Derecho Penal y Secretaria del Departamento de Derecho Penal y Ciencias Criminales de la Facultad de Derecho en la Universidad de Sevilla (US), Elena Núñez Castaño, junto al catedrático de Derecho Penal en la Universidad Pablo de Olavide (UPO), el profesor Galán Muñoz, lideran un Proyecto de Investigación, junto a más profesionales investigadores, con la intención de identificar cuáles son los "principales riesgos de la desinformación en el mundo digital" y analizar la posibilidad de introducir algún tipo de "medida o instrumento" que permita controlar de manera "más eficaz" los riesgos que se derivan de este fenómeno.

En esta línea, investigadores y juristas analizarán los "nuevos retos legales ante la desinformación digital" la próxima semana en un Congreso internacional en la Universidad de Sevilla. El control de la desinformación en el mundo digital constituye un "complejo reto" de las sociedades democráticas, ya que cualquier intento de limitación o control de estos contenidos "implican una tensión e, incluso, vulneración de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de información", según la información facilitada por la catedrática de Derecho Penal a Europa Press.

Los Estados han ido elaborando "mecanismos de control" para tratar de evitar estos efectos "perjudiciales y perniciosos" pero todavía "queda mucho por hacer". El "punto de partida" de este Proyecto de Investigación será comprobar que no existe una vía penal o administrativa que permita hacer frente a estas conductas --delitos en concreto, reglas de actuación ética para los creadores y difusores de información, etc--. "De no existir esta respuesta normativa para prevenir las posibles consecuencias de las campañas de desinformación o las noticias falsas que incidan en las decisiones de las personas, surge la cuestión del camino a seguir", ha puntualizado Núñez.

En este sentido, la catedrática ha apostado por la "necesidad de la regulación e intervención legislativa del Estado para poner límites y reglas de funcionamiento" en relación con la información y comunicación que se realiza a través de redes e internet, bien de naturaleza penal --mediante la creación de tipos penales que permitan dar respuesta a riesgos grabes para la Seguridad nacional, la Seguridad del Estado, la paz o independencia del Estado, etc.-- o bien de naturaleza administrativa mediante una "regulación clara y expresa de los principios éticos de la libertad de información".

Asimismo, la investigadora ha aclarado que "justo esto es lo que estamos estudiando y debatiendo en este momento: las posibles soluciones desde la coexistencia de los derechos fundamentales de todos los implicados". Y, ha destacado que "no es un tema fácil de solucionar" ya que "el difícil equilibrio entre la libertad y el resto de derechos se pone aquí también de manifiesto". Y, es que, "el fenómeno de la desinformación ha existido desde siempre" y los bulos se han utilizado y difundido con la finalidad de lograr los más diversos objetivos, ha señalado.

Ejemplo de ello son: fines electorales, fomentar guerras, alterar mercados, desprestigiar a otras personas --esencialmente personajes políticos o públicos--, incitar a determinadas ideas o sentimientos, como discriminación, odio, etc. En definitiva, "tantos riesgos como incontables finalidades que se persigan", ha puntualizado Núñez.

¿LAS ESFERAS SOCIALES SE VEN PERJUDICADAS POR IGUAL?

"Todo esto debería llevar a los Estados a analizar de manera reflexiva y cuidadosa los peligros y riesgos que se pueden derivar de la desinformación en las sociedades actuales", que no sólo inciden en el ámbito de la salud pública, el funcionamiento de mercados, en la radicalización de las posturas ideológicas y de los sentimientos, sino también en pilares "básicos y fundamentales" de las sociedades democráticas como son los derechos fundamentales de las personas, entre ellos el de expresión y el de información veraz, pero y quizás lo más preocupante de todo, en el funcionamiento de sus sistemas electorales e, incluso, de la seguridad nacional, ha resaltado la catedrática.

Además, la desinformación puede afectar a cualquier ámbito de interés. Se trata de un fenómeno que puede aplicarse a cualquier ámbito: salud, medio ambiente, discriminación, política, mercados, seguridad nacional, seguridad del Estado, orden público, sistema democrático.

"Las consecuencias legales de la desinformación en este momento sólo se producirán cuando se haya constatado que la información falsa o el bulo en cuestión haya vulnerado o lesionado algún bien jurídico o algún derecho fundamental", ha concluido Núñez.

Existen algunos intentos de intervenir en este ámbito, como por ejemplo, la Ley para la mejora del cumplimiento del Derecho en las redes sociales de Alemania aprobada en 2017, o la Ley francesa contra el discurso del odio en internet de 2020, y múltiples resoluciones elaboradas en el marco de la Unión Europea a fin de intentar la mayor prevención posible de este tipo de comportamientos, pero que innegablemente han determinado cuestionamientos en relación con la vulneración de derechos fundamentales.