CCOO-A insta a la Junta a poner en marcha el plan de vivienda para dar respuesta a los más de 160.000 demandantes

SEVILLA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO en Andalucía ha reiterado al Gobierno andaluz la necesidad de poner en marcha el plan autonómico de vivienda y "resituar" en su agenda este asunto como materia prioritaria, pues el número de personas inscritas en los registros ha aumentado un diez por ciento en solo un año y alcanza la cifra de 160.497.

En este sentido, CCOO-A ha instado en un comunicado a "no desaprovechar la posibilidad de desarrollar la Ley de Vivienda en Andalucía del 2010 que, entre otras cuestiones, recoge un aspecto pionero y de marcado carácter progresista como es la garantía del esfuerzo de renta familiar para acceder a una vivienda tanto en propiedad como en alquiler".

Así, ha detallado que más del 60 por ciento de los inscritos en los registros de demandantes de vivienda son personas con ingresos mensuales inferiores a 532,51 euros. Por su parte, Sevilla encabeza el ranking con 46.683 solicitudes, seguida de Cádiz, con 33.868, y Málaga, con 26.400.

Según el sindicato, estos datos corroboran que el Ejecutivo andaluz está actuando con "una gran pasividad" en materia de vivienda, pese a contar con una Ley desde el año 2010, pues en este sentido, "los instrumentos existen, el problema es que no se están utilizando", ha insistido.

"El hecho de que un 63 por ciento de las personas inscritas en los registros tengan ingresos por debajo de los 7.500 euros anuales, unos 532 euros al mes, evidencia que los andaluces necesitan de manera urgente el desarrollo de la Ley", han recalcado.

En este sentido, CCOO ha asegurado que son las familias monoparentales, con 12.310 solicitudes, las que demandan en mayor medida una vivienda pública seguida de personas con discapacidad (10.064 solicitudes). Por el contrario, el número de solicitudes de familias numerosas (4.913) es casi tres veces inferior al de las monoparentales.

Asimismo, los jóvenes menores de 35 años son quienes más solicitudes presentan (50,74%) y aunque el porcentaje es mucho más inferior en mayores de 65 años (4,09%), resulta significativo que éstos --más de 5.000-- se encuentren inscritos en los registros como demandantes de vivienda.

DESAHUCIOS EN ANDALUCÍA

Otro efecto negativo que critica el sindicato ante la "pasividad" del Gobierno andaluz recae sobre los desahucios, ya que Andalucía es "la comunidad en la que más ejecuciones hipotecarias sobre viviendas se han llevado a cabo".

Al respecto, la organización sindical considera que "la falta de medidas disuasorias en el Anteproyecto de Ley para fomentar que las entidades bancarias y financieras lleguen a acuerdos con las personas propietarias acreedoras, no favorece que esa situación cambie".

De hecho, en opinión de la central sindical, esa falta de medidas "disuasorias" puede "intensificar, incluso, las prácticas lucrativas de bancos y entidades, más interesados en el beneficio particular que en una persona se quede sin vivienda", pues, en este sentido, ha recordado que "hay un código de buenas prácticas que los bancos incumplen sistemáticamente".

PIDEN NO PONER PARCHES

Asimismo, la organización andaluza alerta de que es "muy probable que la especulación pueda mutar y articularse bajo el paraguas de esta Ley, que necesitará continuamente de recursos públicos, dándose la falsa imagen de que, con la colaboración pública de la Junta de Andalucía, se subvencionan los desahucios".

La suspensión temporal, después corregida, de las ayudas al alquiler para personas desahuciadas debido a la falta de presupuesto por el número de personas solicitantes "debe hacer pensar a la Administración en la solución de la raíz del problema y no en parches con aumento de presupuesto", asegura el sindicato.

En este sentido, CCOO-A ha instado a la Junta a buscar soluciones con medidas efectivas y eficaces para evitar los desahucios. Algo que, según el sindicato, pasa "inexcusablemente" por la aplicación y el desarrollo de la Ley Andaluza de Derecho a la Vivienda que, entre otras cuestiones, recoge la garantía del esfuerzo de renta familiar para acceder a una vivienda tanto en propiedad como en alquiler.