CCOO y UGT envían su postura a Junta sobre VPO donde lamentan la "condena a muerte" de la política de vivienda

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO-A y UGT-A remitieron a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda un documento con sus consideraciones, elaboradas conjuntamente, en torno a la propuesta de ajuste de la política de vivienda anunciada por el Ministerio de Vivienda, donde lamentaron la "condena a muerte" que suponen las medidas anunciadas por el Gobierno en materia de vivienda protegida.

Según indicó CCOO en una nota, ambas centrales sindicales han enviado el día 6 de septiembre un documento conjunto a la consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, para manifestarle el posicionamiento de ambos sindicatos sobre los recortes anunciados por el Ministerio de la Vivienda en las políticas de vivienda protegida.

En dicho documento CCOO y UGT exponen su posicionamiento sobre estos recortes y trasladan su preocupación ante su repercusión sobre la Ley del Derecho a la Vivienda en Andalucía.

Asimismo ambos sindicatos exponen los perjuicios que estos recortes tendrán sobre los andaluces a la hora de ver cumplido su derecho a una vivienda digna y adecuada, de calidad, ya sea en régimen de alquiler o de compra, derecho que será defendido por CCOO y UGT "en todos los ámbitos en los que desarrolla sus actuaciones".

En dicho documento, consultado por Europa Press, los sindicatos recuerdan las motivaciones que les llevaron a firmar en diciembre de 2007 el Pacto Andaluz por la Vivienda, que "ha sido respaldado desde todos los ámbitos políticos, económicos y sociales porque desarrolla un mandato estatutario, además de un derecho constitucional". Recordó que para cumplir los objetivos del Pacto y su nivel máximo de desarrollo, éste se dotó de dos instrumentos principales, como son los planes de vivienda y suelo y una Ley reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía.

En dicho escrito, los sindicatos consideraron que las competencias atribuidas al Ministerio por la Constitución Española son la planificación e impulso de la actividad económica inherente al desarrollo de un sector tan importante, en materia de empleo y actividad, como es el de la construcción "por ello, en ningún caso debe entenderse que el desarrollo de dichas competencias puede dar lugar al establecimiento de dificultades y trabas a la promoción de viviendas protegidas en las comunidades autónomas".

Asimismo, recordaron que el Estatuto de Autonomía de Andalucía "reconoce las competencias plenas y exclusivas en materia de política de vivienda, por lo que no es entendible que el Ministerio pretenda implantar una dotación presupuestaria finalista", de manera que las centrales consideran que "en base al Estatuto, debe ser la propia Comunidad la que decida las prioridades de ejecución de la política autonómica de vivienda protegida, atendiendo, de esta forma, a las particularidades y especiales necesidades de Andalucía, y al cumplimiento de los objetivos marcados en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 de Andalucía".

Agregaron que "los compromisos adquiridos en Andalucía con los ciudadanos, y establecidos como objeto de la Ley de Derecho a la Vivienda y el Plan Concertado de Vivienda obligan a la comunidad autónoma a continuar avanzando en la ejecución del derecho social a una vivienda digna", por lo que, a su juicio, la propuesta ministerial "no es más que una nueva traba a la ejecución de los objetivos de la política autonómica de vivienda protegida y, por ello, el intento de llevar a cabo una nueva reducción en los derechos sociales de los andaluces".

En este sentido, consideraron que el borrador del Real Decreto del Ministerio de Vivienda supone una "modificación importante y muy significativa del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, y, con el, quiere el Gobierno recortar subvenciones y eliminar ayudas destinadas a los destinatarios de las viviendas protegida, por lo que es, propiamente, otro 'decreto de recorte' de derechos sociales contemplados en un Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación de apenas dos años de vigencia".

"RECORTE" DEL 60% DE AYUDAS

Lamentaron que la propuesta del Ministerio contempla "importantes recortes de ayudas y subvenciones que superan el 60 por ciento de éstas, así como la eliminación de importantes líneas de apoyo a las familias con menores niveles de renta".

En opinión de CCOO-A y UGT-A, con estos "recortes", el Ministerio de Vivienda "ha condenado a muerte a la política publica de promoción de viviendas protegidas, cuyos destinatarios son familias que tienen dificultades para acceder a la vivienda en el mercado libre".

Ante esta situación, los sindicatos manifiestan su respaldo al Gobierno andaluz en su negociación con el Ministerio de Vivienda a fin de que éste "dé marcha atrás en su injusto e inoportuno 'decreto de recorte' de recursos y ayudas destinadas a facilitar un derecho social como es el derecho a la vivienda".

En este mismo sentido, los sindicatos mostraron su apoyo al Gobierno andaluz, para que en la próxima reunión bilateral entre el Ministerio de Vivienda y la Consejería de Obras Publicas, "exija el respeto del derecho de Andalucía al recibo de los 1.440 millones de euros contemplados en el convenio de colaboración entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad".

Por todo ello, ambos mostraron su rechazo a la totalidad de las medidas de ajustes que "se intentan imponer por parte del Gobierno central mediante el borrador de Real Decreto por el que se modifica el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012" y expresaron su reafirmación con los objetivos y medidas incluidas en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo de Andalucía, "al que el Gobierno andaluz debe dar cumplimiento en su plena totalidad".

Por otra parte, CCOO-A y UGT-A solicitaron una reunión de la mesa de seguimiento del Plan Concertado de Vivienda y Suelo, con el fin de analizar el nivel de cumplimiento de los objetivos del Plan Andaluz, ya que expresaron "cierta preocupación por la financiación del propio Plan, que en su día fue garantizado por un importe de algo más de 9.500 millones de euros gracias al acuerdo firmado el 19 de noviembre del 2008 con 33 bancos y cajas de ahorros".

UGT-A y CCOO-A reclamaron el derecho reconocido a los andaluces, a través de la Ley del Derecho a la Vivienda en Andalucía, de ver cumplido su derecho a "una vivienda digna y adecuada, de calidad, ya sea en régimen de alquiler o de compra".