Los chabolistas de Tablada se preparan para el desalojo pero esperan reubicarse al otro lado del puente

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las familias exiliadas del Polígono Sur de Sevilla por temor a represalias tras la muerte de un menor de 17 años en un tiroteo entre clanes de etnia gitana, asentadas todas en un campamento entre el puente de Juan Carlos I y el puente de hierro de San Juan de Aznalfarache, se preparan ya para el desalojo ordenado por el Ministerio de Economía y Hacienda como titular de los suelos en los que se alza el poblado.

Una de las portavoces del colectivo, Aurora, explicó a Europa Press que dada la notificación de desalojo entregada por la Policía Nacional en nombre del Ministerio de Economía y Hacienda, han comenzado los "preparativos" ante la posibilidad de que un despliegue policial obligue a estas más de 300 personas a abandonar los suelos que ocupan a orillas del río Guadalquivir, un entorno en el que ya hace varios años residen algunas familias instaladas en precarias infraviviendas.

Esta mujer reconoció que si finalmente el Cuerpo Nacional de Policía obliga a las familias chabolistas a cumplir la orden de desalojo, todos los habitantes del poblado tendrán que "recoger" sus pertrechos y enseres para abandonar la finca, ubicada entre el puente de Juan Carlos I y el puente de hierro que conecta Sevilla con San Juan de Aznalfarache. No obstante, advirtió de que estas familias no tienen "ningún lugar al que ir" una vez sean desalojadas de la ribera del Guadalquivir.

"Con cuatro trapos que tenemos, tendremos que marcharnos", lamentó Aurora, quien advirtió de que, de momento, el desalojo podría suponer sólo una mudanza "al otro lado del puente" de hierro de San Juan de Aznalfarache, a los propios suelos de la antigua dehesa de Tablada.

Por temor a represalias como consecuencia de la muerte de este menor, víctima de una bala perdida, estas familias abandonaron el Polígono Sur y crearon un poblado de chabolas entre los citados puentes, donde habitan más de 300 personas sin electricidad, agua potable o cualquier comodidad. Dado el exilio, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio precintó las 41 viviendas de titularidad pública en las que residían en el Polígono Sur al objeto de esclarecer su verdadero régimen de ocupación, pues posiblemente sólo tres de las familias habitaba legalmente estos pisos.

Pese a dos intentos de recuperar las viviendas, el resto de las familias del Polígono Sur acordó con este clan de etnia gitana la permanencia de los exiliados en el poblado al menos hasta el mes de septiembre, pues su regreso a la zona podría derivar en un enfrentamiento abierto con la familia a la que pertenecía el menor fallecido.