"Más allá del impacto de una decisión personal dramática", los poderes públicos deben dar respuestas legales "justas e inteligentes ante un problema social que no admite más demoras"
SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha mostrado este viernes su "profundo pesar" por el trágico suceso acaecido en Granada y que tuvo como resultado de "la muerte de un ciudadano andaluz llevado por la desesperación ante la inminencia del previsto desahucio de su vivienda", y considera "imprescindible" que se acometa con "la mayor urgencia" un cambio en la normativa que regula los procesos de ejecución por impago de deudas hipotecarias en este país.
En un comunicado, la Oficina del Defensor manifiesta su "profundo pesar por una terrible decisión personal desesperada". Además, el Defensor del Pueblo Andaluz se siente "en la obligación moral" de denunciar públicamente, una vez más, la persistencia en nuestro país de una regulación de los procesos de ejecución por impago de deudas hipotecarias que, además de ser "manifiestamente injusta y anacrónica", está contribuyendo a "agravar las consecuencias de la crisis económica para muchas familias andaluzas al abocarlas a la marginalidad y la exclusión social".
Por ello, la Oficina considera "imprescindible" que se acometa con la "mayor urgencia" un cambio en la normativa que regula los procesos de ejecución por impago de deudas hipotecarias. Este cambio de regulación debe dotar de mayor equidad a estas ejecuciones, reforzando los derechos de los deudores frente a las entidades financieras y posibilitando que los jueces puedan intervenir en salvaguarda de los derechos de los deudores de buena fe.
Asimismo, estima "inaplazable" la aprobación de una regulación para las familias en situación de sobreendeudamiento que posibilite a las mismas hacer frente a sus deudas de una forma "ordenada y razonable", que "no comporte ni su ruina, ni la pérdida de su hogar, ni su endeudamiento de por vida".
Las medidas normativas aprobadas hasta ahora, el llamado "código de buenas prácticas", que pretendía dar una alternativa a la pérdida de la vivienda para las personas situadas en el umbral de exclusión, se han revelado "insuficientes e ineficaces" por exigir unos requisitos que pocos ciudadano pueden cumplir y por la resistencia de las entidades financieras a aplicarlo.
Por otro lado, Chamizo denuncia que los muchos compromisos para dar efectividad al principio de la dación en pago como fórmula liberatoria de deudas hipotecarias "siguen sin concretarse ni hacerse realidad, mientras los desahucios se multiplican".
Todas estas medidas, y otras igualmente "imprescindibles y urgentes", vienen siendo reclamadas desde muchos ámbitos de la sociedad civil y desde esta misma Institución desde hace ya bastante tiempo, sin que hasta la fecha hayan sido debidamente atendidas, apunta.
En este sentido, reitera una vez más las propuestas que ya planteara esta Institución con ocasión de la presentación del Informe Anual de 2011; unas propuestas que si entonces eran "necesarias, hoy las consideramos urgentes e inaplazables".
"La insuficiente respuesta de los poderes públicos para garantizar el acceso y disfrute a una vivienda digna y adecuada de todos los españoles, más 30 años después de aprobarse la Constitución, no puede verse agravada por la incapacidad de poner en marcha medidas destinadas a impedir la privación de este derecho constitucional a quienes, ya, estaban disfrutando del mismo", lamenta.
Para Chamizo, "más allá del impacto de una decisión personal dramática", los poderes públicos deben acometer "con urgencia" las respuestas legales "justas e inteligentes ante un problema social que no admite más demoras".
ANA ORANTES
Por último, ha recordado como un día del mes de diciembre de 1997, cuando Ana Orantes murió calcinada en el patio de su casa en una localidad de Granada tras haber denunciado por primera vez públicamente sus 40 años de maltrato, "despertó a quienes dormitaban y daban excusas ante la violencia de género". "Baste con la memoria de José Miguel para provocar esa respuesta justa que toda la sociedad aguarda", confía.
