Ciclistas plantean denunciar al Ayuntamiento por dejación de funciones al no aplicar la restricción de tráfico

Actualizado: viernes, 18 septiembre 2009 15:43

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asamblea ciclista 'A Contramano' aseguró hoy que se encuentra en proceso de estudio para ejercer posibles acciones legales contra el Ayuntamiento de Sevilla por la dejación de funciones en la que, a su juicio, la corporación local ha incurrido al no haber procedido aún a la restricción de tráfico privado al centro de la ciudad, punto que se halla integrado dentro de la aprobada ordenanza de peatones y ciclistas.

El presidente de 'A Contramano', Ricardo Marqués, explicó a Europa Press que, de firme, el colectivo ya ha decidido interponer una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz y denunciar los hechos de cara a la evaluación de la Semana Europea de la Movilidad ante la Dirección General de Medio Ambiente de la Unión Europea, promotora de la Semana de la Movilidad y del Día sin Coches, si para la celebración de éste último, el próximo 22 de septiembre, el Consistorio no ha aplicado aún este punto.

Con respecto a las acciones legales, Marqués admitió que "es difícil de articular", si bien expresó su convicción de que el asunto es denunciable, toda vez que "no cumple ni hace cumplir la ordenanza".

"No nos han dado ninguna razón, sino que en su momento se nos dijo que la ordenanza quedaba en suspenso hasta que no hubiera cámaras de vigilancia, emplazándonos a septiembre para ello", subrayó el presidente de 'A Contramano', que asimismo tachó de "caradura" y de "cortina de humo" la anunciada medida de cortar al tráfico el próximo día 22 una calle de la capital hispalense.

La Junta de Gobierno Local ya adjudicó el pasado mes de julio provisionalmente a la Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. (SICE), por 956.946,69 euros, el contrato correspondiente al suministro e instalación de las cámaras destinadas al seguimiento y control del acceso de vehículos al casco histórico de la ciudad.

El presupuesto base de licitación fue de 1.099.989,65 euros. El plazo de ejecución del contrato es de 12 meses, si bien no se concretó cuándo comenzará a prestar servicio esta dotación tecnológica.

El sistema que se implantará consiste básicamente en tres módulos claramente diferenciados: un primero de lectura de matrículas de imágenes (cámara infrarroja y motor de reconocimiento), otro de captura de imágenes (pruebas documentales de infracción) y un último de comunicaciones (armario para alimentación y comunicaciones).