La juez cita este lunes al expresidente de la SEPI investigado por la mina de Aznalcóllar (Sevilla)

Actualizado 01/12/2019 20:46:02 CET
La mina de Aználcollar, imagen de archivo.
La mina de Aználcollar, imagen de archivo. - JUNTA - Archivo

SEVILLA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ha citado a declarar este lunes, a las 11,30 horas, en calidad de investigado, al que fuera secretario de la Consejería de Economía e Innovación y expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, en el marco de la ronda de declaraciones que comenzó el pasado 11 de noviembre tras ampliar la investigación de la causa que investiga presuntas irregularidades de la adjudicación a la agrupación empresarial México Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar en 2015, unas actividades extractivas que inicialmente se adjudicó el grupo Magtel.

El objetivo, ver si existen más delitos a parte del de prevaricación que se atribuyó inicialmente, y para ello ha citado a declarar como investigados a los miembros de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación, según recoge el auto judicial, consultado por Europa Press. En concreto, la magistrada amplió la investigación con respecto a los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y fraude y exacciones ilegales.

Entre los citados a declarar se encuentra el expresidente de la SEPI, que a principios de octubre puso su cargo a disposición del Gobierno tras la reapertura de este caso por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla y volver a estar investigado por su anterior puesto como secretario general de Innovación, Industria y Turismo de la Junta de Andalucía. A su vez, este lunes también declaran dos miembros de la Mesa, funcionarios de la Junta.

También figura como investigada la exdirectora general de Industria, Energía y Minas de la Junta María José Asensio Coto, cuya declaración estaba prevista el pasado 11 de noviembre pero tuvo que ser aplazada, al tener su abogado otros señalamientos judiciales que le impedían asistir a la citada comparecencia, al próximo 12 de diciembre, jornada en la que también declararán los hermanos Isidro L.M. y Mario L.M., ambos representantes de Magtel.

La juez ha ido tomando declaraciones a los miembros de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación durante este mes de noviembre en esta fase de la instrucción, que concluirá a mediados de diciembre, fase en la que ha declarado también, pero en calidad de testigo, la exsubdirectora general de Minas, actual presidenta de Navantia, Susana de Sarriá, la cual señaló que no hubo trato de favor hacia la citada empresa.

En el auto la juez también acordó solicitar a la Junta de Andalucía, a través de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, para que informe sobre los cargos que ostentaban los miembros de la Mesa de Contratación y de la Comisión Técnica, tres meses antes de iniciarse la licitación para adjudicación de la explotación de las actividades extractivas del recinto minero de Aznalcóllar y los puestos que desempeñaron tras el mismo.

En el auto, la magistrada considera "necesario" discernir si existió delito de tráfico de influencias y, en su caso, de fraude y exacciones ilegales que fuera determinante de que, "formalmente, la presentación al concurso la hiciese Minorbis, sirviéndose presuntamente Grupo México de las ventajas que pudiera ofrecerle aquella entidad, consistentes en valiosos contactos en la administración pública, en particular, derivados de la buena relación que pudiera existir entre Vicente Fernández y los representantes de Magtel".

Con respecto al delito de cohecho, amplía la investigación al sustentarse "en los posibles ascensos" de las personas relacionadas con el concurso, "a modo de recompensa por posibles actos ilícitos presuntamente cometidos".

De otra parte, se amplía la investigación con respecto al delito de malversación a tenor de que la propuesta económica de Emerita Resources, la otra empresa que se presentó al concurso, "ascendía a 641,5 millones mientras que la de Minorbis-Grupo México era de 304,6". En ese sentido, la juez hace referencia a que en el apartado de las mejoras socio-laborales Emérita "se comprometía a aportar a cambio de la adjudicación 375 millones en Andalucía para el desarrollo de su tejido industrial", frente a la propuesta de Minorbis- Grupo México que se "refería sólo mejoras valoradas en 27 millones de euros".

REAPERTURA DE LA CAUSA

Cabe recordar que el pasado 1 de octubre la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ordenó la reapertura de esta causa al estimar íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación legal de la sociedad Emerita Resources revocando así el auto de archivo que dictó el pasado mes de marzo el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla.

Así, la Sala estima un recurso que pedía la investigación de una presunta elección ilícita de la oferta de Minorbis-Grupo México que no cumplía los requisitos de las Bases del Concurso y que además era menos rentable económicamente para las arcas públicas, así como el presunto cohecho en tanto que determinados miembros tanto de la Comisión Técnica como de la Mesa de Contratación fueron ascendidos en fechas muy próximas al concurso.

Igualmente, el recurso señala el presunto tráfico de influencias de Isidro L.M. y Mario L.M., en virtud de las relaciones amistosas de los mismos con Vicente Fernández, "considerando igualmente que en la medida que las decisiones de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación se tomaban conjuntamente serían responsables todos sus integrantes, por lo que resulta ilógico que se cite como investigados a unos y a otros no".

Además, el recurso de Emerita Resources solicita que se investigue los presuntos delitos de encubrimiento, falso testimonio, falsedad y obstrucción a la justicia respecto de determinados escritos que al presente procedimiento se han presentado por determinados funcionarios para favorecer la posición de la Administración.

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