El Consejo Consultivo constata contundente "retorno a la legalidad urbanística" en municipios, con Marbella a la cabeza

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Consultivo de Andalucía ha constado, en su memoria correspondiente al año 2008, un contundente "retorno a la legalidad urbanística" en municipios andaluces, principalmente costeros, con Marbella (Málaga), a la cabeza.

El presidente del Consejo Consultivo, Juan Cano Bueso, explicó a los periodistas tras hacer entrega de la citada memoria al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que se ha puesto de manifiesto un "retorno a la legalidad urbanística", sobre todo, en la franja costera, apuntando que, en algunos municipios muy castigados por el urbanismo salvaje, se está procediendo a una reorganización y reordenación de la legalidad de una "manera clara y contundente".

En cuanto a los motivos que están haciendo eso posible, Cano Bueso lo achacó, sobre todo, al conocimiento, toda vez que los ayuntamientos, por una parte, se han preocupado por establecer unidades administrativas mínimas que se han informado acerca de cómo se resuelven los procedimientos en materia de legalidad urbanística y, por otra parte, a que hay un esfuerzo general del mundo jurídico acerca de establecer un poco más de rigor en el cumplimiento de la legalidad. "Todo ese mundo de controles y de actos jurídicos y jurisdiccionales ha creado una mentalidad en torno a estar mucho más pendiente de la buena tramitación de un planeamiento urbanístico o de una licencia", indicó.

Asimismo, señaló que el clima de lucha contra la corrupción urbanística que se ha creado desde las propias instancias de la Unión Europea hasta las propias instancias andaluzas hace "mella e impacta sobre la mentalidad de quienes tienen que resolver los temas urbanísticos y, por tanto, se exigen un cumplimiento de la legalidad mucho más alto que en el pasado".

Destacó que a la cabeza en ese retorno a la legalidad urbanística se encuentra, con diferencia, el municipio de Marbella, "que tiene en este momento una actividad de revisión de actos ilegales muy clara y decidida por parte de su alcaldesa --Ángeles Muñoz (PP)-- y, en ese sentido, en el Consejo Consultivo encuentra el apoyo constante y el asesoramiento que precise para esta tarea encomiable".

Dijo que el esfuerzo de divulgación de la doctrina del Consejo Consultivo y de las "buenas prácticas administrativas está calando muy particularmente en los ayuntamientos, que son los que están más castigados y en peores circunstancias porque tienen una debilidad mayor desde el punto de vista burocrático".

Las consultas más habituales que se han hecho desde la administración andaluza, se han referido, por ejemplo, según explicó el presidente del Consejo Consultivo, a la revisión de actividad urbanística concebida contra la legislación vigente, que se ha ido produciendo, en los últimos 15 ó 20 años, en determinadas zonas muy específicas, cuyos ayuntamientos en este momento, sean Marbella o Estepona o cualquier otro de las llamadas "zonas calientes", están haciendo un gran esfuerzo por regresar al mundo de la legalidad urbanística, para lo que necesitan revisar todas las licencias que fueron concedidas hace tiempo y que iban en contra de la ley.

CONTENIDO DEL INFORME

Según se refleja en la memoria, el número de dictámenes emitidos ascendió a 771, el 67 por ciento instados por el Gobierno y la administración de la Junta; el 32 por ciento, por administraciones locales, y el 1 por ciento por entes de Derecho Público. La totalidad de las consultas han sido contestadas dentro del plazo habilitado legalmente para ello, con un 54 por ciento de consultas emitidas en un plazo inferior a 20 días.

De los 771 Dictámenes emitidos, 634 lo han sido en sentido favorable a la resolución de la administración, 84 en sentido desfavorable y 53 han sido devueltos. De los 489 asuntos dictaminados por el Consejo, en los que el órgano solicitante ha comunicado que ha caído resolución o acuerdo, 452 (93%) han sido resueltos "de acuerdo" con el Consejo, mientras que 37 (7%) se han apartado del dictamen, la mayor parte ellos relativos a responsabilidad patrimonial de la administración (excepto 3 relativos a contratación administrativa).

De la distribución por materias de los dictámenes emitidos durante 2008, destacan las relativas a la responsabilidad patrimonial, con 444 (58%); revisión de oficio con 102 (13%); contratación administrativa, 85 (11%); urbanismo con 65 (8.4%); proyectos de decreto y orden, 57 (7,3 %), y facultativos, 9 (1 %).

El principal consultor, según Cano Bueso, es el Servicio Andaluz de Salud (SAS) porque es donde los ciudadanos producen un mayor número de quejas, de las cuales la mayoría luego no "tiene fundamento ni en el terreno científico ni en el jurídico". Señaló que en Andalucía se disfruta de un servicio sanitario público, universal y gratuito de una calidad extraordinaria.

No obstante, en lo que se refiere al no cumplimiento de los dictámenes del Consejo Consultivo, expuso que se debe normalmente a discordancias o formas de entender de manera diferente, unas veces la contratación administrativa y otras veces la responsabilidad por el funcionamiento de los servicios públicos, muy particularmente la sanidad. Explicó que el Consejo Consultivo tiene algunos criterios desde el punto de sanitario que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no comparte, como el hecho de el órgano consultivo es muy estricto en relación con la garantía de desinfección de los quirófanos y el órgano sanitario pone de manifiesto constantemente "la imposibilidad de obtener un cien por cien de asepsia porque eso es, desde el punto de vista científico, imposible".

"Si bien no condenamos las prácticas del SAS, tendemos a ofrecer al ciudadano una indemnización de carácter moral por el padecimiento o sufrimiento de algo que si bien científicamente es muy difícil de erradicar, sin embargo, sí lo padece un ciudadano que padece por el quirófano y contrae una infección", expuso.

Para el Consejo Consultivo, se ha constatado que las administraciones públicas andaluzas "funcionan razonablemente bien" en términos de eficacia y de eficiencia y "muy bien" en lo que respecta a la legalidad, aunque se debería mejorar "la respuestas a los ciudadanos y acortando los plazos para decidir, sobre todo, cuando están en juego bienes y derechos constitucionales".

El Consejo Consultivo ha manifestado además su preocupación por que la crisis económica no suponga en ningún momento el desmantelamiento ni el menoscabo de los instrumentos de control e intervención que las administraciones públicas, en un estado social que presta servicios muy importantes, ha de mantener sobre el proceso económico en salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, de los consumidores y los medioambientales.

En general, según Cano Bueso, se puede hacer un balance positivo, toda vez que la actividad pedagógica que se hace desde el Consejo se ve claramente plasmada en el funcionamiento de las administraciones, lo cual pone de manifiesto que, al final, el buen funcionamiento de las administraciones "es mucho más problema de conocimiento y solvencia que de mala fe u otro tiempo de componenda al margen de la legalidad".