SEVILLA, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -
La patronal sevillana de la construcción y la promoción inmobiliaria, Gaesco, ha expresado su disconformidad ante la directora general de Vivienda de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, Victoria Fernández, por la situación de "competencia desleal e ilegalidad" incurridas por cooperativas que promueven viviendas protegidas que son vendidas a un precio superior al que marca la legislación actual.
Según indica una nota, Gaesco ha mostrado su disconformidad ante Victoria Fernández, que se ha reunido con un nutrido grupo de empresarios de la construcción para exponer las particularidades del nuevo reglamento regulador de las viviendas de protección oficial (VPO) en la Comunidad.
En ese sentido, la directora general asegura que el precio de la vivienda protegida "está claramente fijado desde un punto de vista normativo y por tanto no cabe margen al error o la interpretación".
Gaesco lamenta que desde la Administración "se vela por que se cumpla correctamente la legislación vigente y por perseguir y sancionar a cualquier agente que realice este tipo de prácticas".
Esta denuncia se ha realizado en el transcurso de un encuentro de la directora general de Vivienda de la Junta de Andalucía, Victoria Fernández, con empresarios y promotores de la construcción, durante el que la responsable autonómica ha expuesto los cambios que introduce el nuevo reglamento regulador de los registros públicos municipales de demandantes de VPO, que se ha aprobado recientemente.
Este nuevo texto permite a los demandantes tener dos VPO "en casos de transición". Pese a que el decreto recuerda que, inicialmente, para estar inscrito en el registro municipal y optar a una VPO se exige con carácter general no ser titular de otra vivienda protegida o libre, incorpora excepciones tales como la posesión de una vivienda que ha dejado de ser habitable o el cambio de las circunstancias familiares, entre otras.
De esta forma, el reglamento facilita la inscripción a demandantes que necesiten una casa por motivos justificados, pese a ser propietarios de otra vivienda libre o protegida o inquilinos de una VPO en régimen de arrendamiento. Entre estos motivos también figuran el aumento de la composición familiar, una discapacidad que implique movilidad reducida o una situación de dependencia sobrevenida.
Además, los registros públicos municipales de demandantes de viviendas protegida permitirán a los ciudadanos renunciar a una VPO por causas "económicas o sobrevenidas" sin ningún tipo de penalización ni pérdida de derechos, siendo esas circunstancias la "falta de financiación hipotecaria para obtener el préstamo o situación de paro sobrevenido o que el inmueble no se ajuste a sus circunstancias familiares".
