SEVILLA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
El sindicato CSIF-A ha presentado ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla que por turno de reparto correspondan, las 15 demandas en recursos contencioso-administrativos contra las órdenes revocadoras del concurso de méritos del personal funcionario dictadas por la Junta de Andalucía.
Según indica CSIF en una nota, en estas demandas, CSIF-A ha solicitado la adopción de medidas cautelarísimas, en base al artículo 135 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por entender que la ejecución de las órdenes revocadoras "provocarían daños inmediatos de imposible reparación".
Estos recursos contencioso-administrativos afectan a los concursos convocados por las 15 consejerías de la Junta de Andalucía, tanto en lo relativo a sus servicios centrales como a las delegaciones provinciales de Sevilla.
En este sentido, CSIF-A ha presentado los siete recursos de alzada contra las resoluciones revocadoras de dicho concurso a nivel del resto de las provincias, pues "éstas, al no agotar la vía administrativa, deben ser previamente recurridas ante la Administración", ante la cual pedirán igualmente suspensión de su ejecución.
Además, CSIF-A interpondrá este viernes, agotando el plazo establecido para ello, un recurso por la vía especial de protección de derechos fundamentales ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, "ante la gravedad de los hechos y ante la vulneración de derechos que, a juicio de esta central sindical, sufren los interesados".
Asimismo, CSIF-A puso de manifiesto que ha facilitado, a todos los afiliados interesados, modelos de recursos de alzada y de reposición contra el citado concurso con el objetivo de que "sean recurridos también de manera individual por parte de los posibles afectados".
Este sindicato ya anunció que ejercería todas las acciones legales y judiciales que estuviesen en su mano para recurrir la rebaremación del concurso de méritos del personal funcionario de la Junta de Andalucía al entender que dicha rebaremación "es, a todas luces, ilegal y contraria a los principios de jerarquía normativa y seguridad jurídica".